Por: Ángela Marieta Sosa
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es vista como un elefante “rojo”, incapaz de solucionar y/o gestionar gubernamentalmente las garantías constitucionales de los pueblos en Latino América, ya que es un instrumento político ideológico de la izquierda internacional, que prefiere gastar millones en cumbres de encumbrados, que eficientar la salud, la educación y el desarrollo sostenible de sus poblaciones. Aunque su objetivo teórico dice ser promover la integración regional sin la influencia directa de Estados Unidos o Canadá (a diferencia de la OEA), sus miembros no están cohesionados, evidenciando públicamente la imposición de acuerdos que no son aprobados por todos sus asistentes.
La ilegitimidad de sus acuerdos se debe a que algunos gobiernos sobre todo de corte populista han utilizado la CELAC como una plataforma política para promover las agendas ideológicas de la izquierda internacional, que actualmente se presenta bajo el concepto demagógico de “socialismo democrático”, con una narrativa de oposición conspirativa de frente a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a Estados Unidos de América.
Durante ciertos períodos, la CELAC ha sido percibida como una herramienta para los países del ALBA (como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba) y ahora Honduras para criticar al “imperialismo” estadounidense, pero con resultados limitados ya que, aunque se han realizado muchas cumbres y se han emitido declaraciones, pocos acuerdos se han traducido en políticas concretas o cambios tangibles para los ciudadanos de la región quedando solamente en buenas intenciones.
Una de sus tantas debilidades estructurales es la falta de cohesión y objetivos claros, ya que reúne a países con realidades políticas, económicas e ideológicas muy distintas, lo que dificulta la toma de decisiones conjuntas y la implementación de políticas comunes. Así pues, es difícil que países opuestos logren consensos duraderos en temas sensibles como derechos humanos o economía.
Asimismo, carece de institucionalidad fuerte, a diferencia de organismos como la Unión Europea, la CELAC no cuenta con una estructura institucional sólida que asegure la continuidad de sus decisiones. Consecuentemente esto reduce su eficacia real y limita su capacidad de acción; debido también a que algunos países han mostrado un compromiso fluctuante o mínimo con la CELAC, priorizando otros foros multilaterales o relaciones bilaterales más productivas. Por ejemplo, Brasil se retiró de la CELAC en 2020 bajo el gobierno de Jair Bolsonaro (aunque regresó en 2023 con Lula da Silva), lo que evidencia diferencias de visión.
Evidentemente este elefante regional es usado para legitimar regímenes cuestionados por ser gobiernos autoritarios que buscan mostrarse como actores legítimos de la comunidad internacional, a pesar de las continuas denuncias por violaciones de derechos humanos que hacen sus poblaciones.
La participación de Nicolás Maduro (Venezuela) o Miguel Díaz-Canel (Cuba) en cumbres de la CELAC ha generado críticas por parte de otros líderes, quienes han cuestionado abiertamente la falta de democracia en esos países y la selectividad de sus presidentes al pronunciarse sobre crisis políticas, mostrando un sesgo ideológico marcado. Por ejemplo, en casos como la represión de protestas en Cuba, Venezuela y Nicaragua, la CELAC no ha emitido condenas claras, mientras que ha sido más activa al criticar sanciones externas o intervenciones foráneas.
Curiosamente algunos sectores han propuesto transformar la CELAC en un organismo más institucionalizado y funcional, pero esas propuestas han sido bloqueadas o ignoradas por gobiernos que prefieren un foro más discursivo, donde puedan tener mayor margen para imponer su narrativa, caracterizadas por cruces verbales entre presidentes que evidencian el uso del espacio para confrontaciones ideológicas.
Es lamentable que la instrumentalización política de la CELAC ha limitado su capacidad de convertirse en un verdadero espacio de integración y cooperación. En vez de enfocarse en políticas comunes, ha sido usada como un altavoz ideológico, que no soluciona las necesidades sociales y económicas de sus pueblos.
Finalmente, el pueblo hondureño resintió los mas de seis millones de dólares que se derrocharon recientemente en la instalación de este organismo en nuestro País, lo cual se confronta con la triste realidad de la ciudadanía que carece de servicios de salud básicos y medicamentos, de seguridad y de oportunidades de empleo, profundizando el hartazgo y la frustración social en Honduras .