By Una denuncia sobre un presunto gasto excesivo en la compra de vehículos para el Poder Ejecutivo ha desatado un intenso debate en Honduras, luego de ser presentada en exclusiva a un medio local.
El abogado Oliver Erazo cuestionó la adquisición de 116 vehículos nuevos para 2025, por un monto cercano a 128 millones de lempiras. Según afirmó, la mayoría corresponde a automóviles de lujo, mientras que solo se incluyeron unas pocas ambulancias. Para Erazo, este gasto contradice las promesas de austeridad del gobierno y representa un uso indebido de recursos que deberían destinarse a salud, educación u otras áreas prioritarias.
El jurista extendió sus críticas al Congreso Nacional, acusando a varios diputados de enriquecimiento personal y de realizar gastos injustificados en viáticos y eventos.
Supuesta sobrevaloración de vehículos
De acuerdo con información obtenida por TN5, el Gobierno habría distribuido la nueva flota entre distintas instituciones, entre ellas: Secretaría de la Presidencia, ENEE, FHIS, Ministerio Público, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, IHSS y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia.
Los vehículos incluyen camionetas Nissan Frontier, Toyota y Pathfinder, unidades todoterreno, camiones, microbuses, ambulancias, motocicletas y tricimotos. Los precios por unidad que han generado mayor cuestionamiento son:
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Doble cabina: L 797,500
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Camionetas: más de L 1.6 millones
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Camiones: más de L 2 millones
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Microbuses: superiores a L 1 millón
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Ambulancias: entre L 1.8 y 2.2 millones
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Motocicletas: entre L 39,000 y 58,000, con un caso excepcional de casi L 207,000 asignado al Ministerio Público.
Respuesta del Gobierno
La Dirección Nacional de Bienes del Estado, mediante su director Luis Sosa, negó que se hayan autorizado vehículos de lujo durante su administración y aseguró que todas las compras se realizaron bajo los procedimientos de transparencia establecidos por la ley.
Sosa afirmó que las adquisiciones, incluyendo ambulancias y pickups, fueron evaluadas con criterios de necesidad y precios razonables. También ofreció entregar documentación oficial para respaldar sus declaraciones.
“Si algo se hace mal, yo doy la cara. Pero les aseguro que se están cumpliendo las normas administrativas”, expresó Sosa.
