By La Unidad de Política Limpia proyecta las elecciones con un gasto estatal de 60 millones de dólares para primarias y una inversión presidencial que ronda los 20 millones. Sin embargo, las sanciones laxas y el peligro de fondos ilícitos amenazan la transparencia.
Honduras está a las puertas de unas elecciones que prometen ser históricas, no solo por la efervescencia política que suele acompañar cada proceso electoral, sino por el costo sin precedentes que implicará esta jornada.
La Unidad de Política Limpia, encargada de supervisar el financiamiento de las campañas, reveló que las elecciones primarias tendrán un gasto estatal cercano a los 60 millones de dólares, (más de 1,500 millones de lempiras).
Este es un monto que aumentará significativamente con las elecciones generales de noviembre de 2025.
El límite de gasto establecido para los candidatos presidenciales asciende a 20 millones de dólares (más de 500 millones de lempiras), un récord en el país.
A esto se suman los límites específicos para precandidatos a diputados en los departamentos con mayor carga electoral, cuyo tope es de 150 mil dólares (3.8 millones de lempiras).
Sin embargo, más allá de las cifras, la pregunta que persiste es: ¿cómo se garantizará la transparencia en el origen de estos recursos?
Los costos de campañas anteriores
Según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el proceso electoral de 2021 tuvo un costo total de aproximadamente 4,398 millones de lempiras.
De este monto, 4,273.2 millones se destinaron al funcionamiento del sistema electoral, que incluye al Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP).
Además, se asignaron 125 millones de lempiras para el financiamiento público o deuda política.
Este presupuesto superó en 500 millones de lempiras al de las elecciones generales de 2017, lo que convirtió a los comicios de 2021 en los más costosos de las últimas cuatro décadas en el país.
El incremento se atribuye principalmente a la incorporación de tecnología destinada a garantizar la transparencia del proceso electoral.
Riesgo de fondos ilícitos
Las campañas políticas en Honduras son, históricamente, objeto de cuestionamientos por el origen de sus financiamientos.
Fondos provenientes del narcotráfico o del robo al erario público manchan la credibilidad del sistema electoral.
Aunque la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos establece parámetros claros, las sanciones siguen siendo mínimas frente al daño real que ocasionan los fondos ilícitos en la democracia del país.
“El problema no es solo el límite de gasto, sino cómo se controla el ingreso de recursos. Sin una fiscalización efectiva, estas cifras se convierten en papel mojado”, advierte Luís León, analista que sigue de cerca los procesos electorales de los últimos años.
Según Gustavo Irías, director del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), la reserva de información no solo perjudica la transparencia en el financiamiento político, sino que también limita el ejercer su función de auditoría social.
Esta falta de acceso a la información impide conocer el origen de los recursos utilizados por los candidatos y sus partidos.
También, el destino final de los fondos, lo que debilita la confianza en el sistema democrático y socava la rendición de cuentas.
El desafío de la transparencia
Para cumplir con la normativa, los aspirantes deben declarar ingresos y egresos de campaña, un proceso que busca garantizar que cada lempira gastado sea rastreable.
Sin embargo, la Unidad de Política Limpia enfrenta múltiples desafíos, desde la falta de recursos hasta la resistencia de los propios partidos políticos.
En elecciones anteriores, varios escándalos de corrupción salieron a la luz. Los más sonados involucran el desvío de fondos públicos para financiar campañas.
Estos son hechos que no solo afecta la percepción ciudadana, sino que también pone en duda la legitimidad de los resultados electorales.
Las elecciones de 2025 serán un examen crucial para la democracia hondureña. Más allá de los discursos y las promesas, la ciudadanía espera que esta jornada marque un cambio hacia la transparencia y la rendición de cuentas.
La pregunta que queda en el aire es si la Unidad de Política Limpia tendrá el respaldo necesario para garantizar unas elecciones limpias en un país donde la política y la corrupción son viejos compañeros de viaje.
