By El subdirector del Instituto Nacional Agrario (INA) de Honduras, Rafael Alegría, afirmó que, aunque el Gobierno no revela aún un plan de respuesta ante una posible ola de deportaciones, como advirtió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene dudas de que las autoridades de la Cancillería ya cuentan con un esquema para enfrentar tal escenario.
Según Alegría, “yo no tengo ninguna duda de que la Cancillería tiene ese plan, hay que esperar que lo comuniquen a la opinión pública, si eso la semana pasada se realizó esa reunión (en México) y no hay duda de que están trabajando”.
En sus declaraciones, Alegría expresó confianza en que el Gobierno de la presidenta Xiomara de Zelaya, tomará la vía del diálogo ante este posible escenario, aunque destacó que de momento se tiene la idea de que Estados Unidos buscaría deportar a individuos con antecedentes penales, problemas con la justicia o involucrados en actividades delictivas.
“Hasta anoche se ha manejado que Estados Unidos tiene interés de deportar a la gente que tiene juicios, antecedentes penales, que tienen problemas con la justicia y actitudes de delincuencia común y a eso, quien se va oponer”, añadió.
El subdirector del INA manifestó su esperanza de que las deportaciones no sean de carácter masivo y, en su lugar, se implementen de manera selectiva, lo que permitiría al Gobierno hondureño manejar de manera más eficiente el retorno de los connacionales. “Esperamos que no sea masivo, que sea selectivo y si es así, creo que podría ser manejable el problema del retorno de estos compatriotas”, indicó.
La semana pasada, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtió sobre el impacto potencial de las políticas migratorias y comerciales que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría implementar al asumir su segundo mandato en cinco días.
Desde hace dos meses, el presidente Trump adelantó acciones que podrían transformar el panorama económico y social de Honduras, según subrayó la ASJ en un comunicado. Entre estas, destaca la deportación de 11 millones de inmigrantes indocumentados, con una meta inicial de un millón en el primer año bajo la dirección del zar de la frontera, Tom Holman.
La asociación detalló que Honduras podría recibir al menos 120,000 deportados en el primer año, lo que tendría un impacto considerable en las remesas, que representan el 26 por ciento del PIB del país.
Además, la ASJ advirtió que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 55,000 hondureños expirará el 5 de julio de 2025, sin planes de renovación por parte de Trump. “Esto los convierte en objetivos fáciles para la deportación”, destacó, agravando el impacto en las remesas.
