By El secretario de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez, defendió este domingo la nueva ampliación al estado de excepción, aprobada en Consejo de Ministros, que ha permitido avanzar al país “como nunca” en la prevención de la violencia.
“Estamos hablando del estado de excepción parcial que ha estado en vigencia desde el 6 de diciembre de 2022, que ha sido extendido varias veces y que ha permitido que nuestro país haya avanzado como nunca en la historia en la prevención de la violencia y la criminalidad”, declaró Sánchez.
El funcionario destacó que, en 2024, Honduras registró una reducción de 8 puntos en la tasa de homicidios, convirtiéndose en el año con menos violencia en las últimas dos décadas. (Además: En Consejo de Ministros: Gobierno da voto de confianza a las FF. AA.)
Además, aseguró que esta medida ha facilitado la captura de más de 50 personas con fines de extradición, la incautación de más de 30 toneladas de cocaína y la erradicación de más de 11 millones de arbustos de coca en colaboración con las Fuerzas Armadas.
Sánchez afirmó que la nueva prórroga busca “garantizar al pueblo hondureño mejores niveles de tranquilidad y paz en materia de seguridad ciudadana”.
El secretario de Seguridad no especificó hasta cuándo estará vigente la medida, cuya última extensión vence el 5 de abril y se extiende a 226 de los 298 municipios.
¿Cuál es el origen del estado de excepción en Honduras?
El estado de excepción fue decretado el 6 de diciembre de 2022 mediante el decreto ejecutivo PCM-01-2023 como parte de la estrategia del gobierno de Xiomara Castro para combatir el crimen organizado.
La medida restringe derechos como la libertad personal, de asociación, de reunión y de circulación, además de permitir la intervención en domicilios sin orden judicial. Según las autoridades de seguridad, ha servido para frenar delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro.
Pese a los señalamientos sobre su constitucionalidad, el gobierno insiste en que la medida ha sido efectiva y continuará vigente con la reciente ampliación.
Debate sobre la constitucionalidad del estado de excepción
La medida ha sido cuestionada por diversos sectores que consideran que no ha dado los resultados esperados y que vulnera derechos fundamentales.
El pasado 5 de febrero, la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra el decreto que mantiene vigente el estado de excepción en el país.
Según la ASJ, las prórrogas de esta medida no se ajustan a la ley y han afectado los derechos de los ciudadanos.
En un informe publicado el 4 de febrero, la organización reveló que entre 2022 y 2024, más de 304,388 hogares hondureños fueron víctimas de extorsión, lo que evidencia que el estado de excepción no ha logrado erradicar este delito.
No obstante, el 21 de febrero del presente año, la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso contra el estado de excepción presentado por la ASJ.
La anterior ampliación de la medida, realizada el 8 de enero, se llevó a cabo sin la ratificación del Congreso Nacional, lo que ha generado más críticas sobre su legalidad.
