By La diputada del Partido Liberal, Erika Urtecho, denunció que el pueblo misquito cumple 75 días de protestas continuas en Gracias a Dios, en rechazo a la construcción de una megacárcel en Mocorón.
Urtecho señaló que la decisión de construir la cárcel se tomó de forma arbitraria, violando el principio de consulta previa, libre e informada establecido en tratados internacionales.
“Se tomó una decisión de forma arbitraria en contra de lo que establece la consulta previa e informada. 74 días, pasó Navidad, pasó Año Nuevo, y estamos todavía en espera y en la lucha, esperando a que el gobierno desista de su intención de construir esa megacárcel”, expresó.
La legisladora aclaró que los habitantes de Gracias a Dios no se oponen a la construcción de cárceles ni al reordenamiento del sistema penitenciario, pero rechazan que este proyecto se lleve a cabo en territorios indígenas.
Urtecho propuso alternativas para la construcción de la cárcel, sugiriendo que el Gobierno considere otras ubicaciones, como el Corredor Seco, o que finalice las cárceles de máxima seguridad que quedaron inconclusas en Naco, Cortés, y Santa Bárbara.
“Hay otras opciones, como ser, por ejemplo, el Corredor Seco, finalizar las otras cárceles de máxima seguridad que quedaron a medio hacer, allá en Naco, Cortés, en Santa Bárbara. Esas son otras opciones, y no en territorios indígenas, en donde estarían afectando y violentando los derechos y tratados internacionales”, explicó.
La diputada lamentó que la población misquita se siente ignorada, “molesta” y afectada por la decisión del Gobierno, y causa “dolor” que se quiera construir la megacárcel en su territorio.
Urtecho también cuestionó la asignación de 2 mil millones de lempiras en el Presupuesto nacional para la construcción de la cárcel, argumentando que estos fondos podrían destinarse a proyectos de desarrollo en Gracias a Dios.
“Dos mil millones de lempiras que fueron aprobados en el Presupuesto de la República, y que ahí viene el renglón, en el renglón de construcciones del INP (Instituto Nacional Penitenciario), vienen esos dos mil millones de lempiras, que podrían ser invertidos para proyectos de desarrollo de energía eléctrica, de agua potable, de pavimentación de la pista de Puerto Lempira”, señaló.
La legisladora insistió en que estos recursos podrían utilizarse para beneficiar a toda la población del departamento, en lugar de destinarse a un proyecto que, según ella, viola los derechos de las comunidades indígenas.
Las protestas del pueblo misquito y las declaraciones de Urtecho reflejan un conflicto que combina demandas sociales, derechos indígenas y cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos. Mientras el gobierno insiste en avanzar con el proyecto, las comunidades afectadas exigen ser escuchadas y que se respeten sus derechos colectivos.
