By El Instituto Nacional Penitenciario (INP) informó este lunes sobre el traslado de 165 privados de libertad, pertenecientes a las estructuras criminales Mara Salvatrucha (MS-13) y Pandilla 18, a cárceles de máxima seguridad en Honduras.
Según el comunicado oficial, estas acciones se fundamentan en el artículo 16, numeral 11, de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, que otorga al director nacional penitenciario la facultad de regular la distribución y traslado de personas privadas de libertad cuando la situación lo amerite.
El INP señaló que el traslado se ordena “en aquellos casos que, por la naturaleza o gravedad de la situación, esté en riesgo la seguridad o integridad de la persona interna, sin importar su condición procesal”, así como en los supuestos establecidos en el artículo 66 de dicha normativa.
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Destino de los privados de libertad
Un total de 57 miembros de la MS-13 fueron enviados desde el Centro Penitenciario Nacional de Támara, en Francisco Morazán, hacia La Tolva, la cárcel de máxima seguridad ubicada en Morocelí, El Paraíso.
En paralelo, 108 integrantes de la Pandilla 18 fueron trasladados desde el mismo penal de Támara hacia El Pozo, centro de máxima seguridad localizado en Ilama, Santa Bárbara.
El objetivo, según el INP, es “resguardar la vida y la integridad física de la población interna, priorizando el derecho a la vida y a la seguridad”.
Ramiro Muñoz, presidente de la Comisión Interventora de los Centros Penitenciarios, dijo que “ si nosotros podemos tener toda una organización criminal, ejemplo, la MS-13 en La Tolva y el resto de la población en los módulos normales, que necesidad habrá de ingresar armas, si solo están ellos”.
En junio de 2024, el sistema penitenciario hondureño reubicó a 3,395 privados de libertad en La Tolva y El Pozo como parte de las estrategias de control.
Contexto de traslados
Estas medidas se desarrollan en el marco del Decreto PCM-028-2023, que ratificó el estado de emergencia en el sistema penitenciario. Dicha normativa tiene como objetivo garantizar el respeto a la vida, la integridad física y psíquica, los derechos humanos y la posibilidad de reinserción social de los reclusos.
El mismo decreto delega a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) el control total del sistema penitenciario como Comisión Interventora, lo que incluye autoridad, manejo y administración del INP, dejando en suspenso las funciones del Consejo Directivo y otros órganos de dirección penitenciaria.
En el caso de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), la PMOP deberá coordinarse con instituciones estatales que velan por los derechos de la mujer, en cumplimiento de leyes nacionales e instrumentos internacionales.
