By Por: Marcio Enrique Sierra
En el contexto pseudo democrático de Honduras, el respeto al Estado de derecho, fundamental para garantizar la convivencia pacífica, se ha perdido. Asimismo, la protección de los derechos humanos y el equilibrio de poderes. Al día de hoy, los hondureños enfrentamos la persecución política como herramienta para silenciar opositores o consolidar el poder y han puesto en peligro los principios básicos, generando una crisis institucional y social. La persecución política es una amenaza real para las libertades fundamentales.
La persecución política consiste en el hostigamiento, la intimidación o el uso indebido de recursos judiciales para perseguir a personas o grupos que se oponen al poder político establecido. Esto puede incluir detenciones arbitrarias, procesos judiciales manipulados, vigilancia masiva, censura y campañas de desprestigio en medios de comunicación. En estos contextos, la disidencia se convierte en un acto de valentía, ya que quienes alzan su voz contra el sistema se exponen no solo a represalias legales, sino también a daños irreparables en sus vidas personales y profesionales. Este tipo de prácticas no solo afecta a las víctimas directas, sino que genera un ambiente de miedo y autocensura en la sociedad. La violación del Estado de derecho: demuestra el camino hacia el autoritarismo.
El Estado de derecho se basa en la supremacía de la ley, la independencia judicial, el respeto a los derechos fundamentales y la igualdad ante la ley. En Honduras el gobierno lo erosiona para consolidar su poder, están sentando las bases para el autoritarismo. Entre las formas más comunes de violación del Estado de derecho están: 1. El uso político del poder judicial: Manipular jueces o fiscales para perseguir opositores. 2. Cambios arbitrarios en la constitución: Modificando leyes fundamentales para perpetuar el poder. 3. Debilitamiento de las instituciones democráticas: Reducen el papel del parlamento o limitan el acceso a elecciones libres y justas. Estos actos no solo socavan la confianza de los ciudadanos en las instituciones, sino que también tienen consecuencias económicas y sociales, al ahuyentar inversiones, generar conflictos internos y aumentar la desigualdad.
Los peligros de combinar la persecución política y la violación del Estado de derecho presentan riesgos significativos: A. La polarización social: Se fomenta un clima de enfrentamiento que dificulta el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. B. Desconfianza en las instituciones: La percepción de corrupción y arbitrariedad debilita el contrato social. C. Aislamiento internacional: Los países que practican estas políticas pueden enfrentar sanciones económicas y diplomáticas. D.
Crisis humanitaria: En los casos más extremos, estas situaciones pueden llevar al éxodo masivo de ciudadanos que huyen en busca de libertad y seguridad. Respuestas necesarias ante estas amenazas Frente a estas prácticas, es crucial fortalecer el papel de la sociedad civil, la independencia de los medios de comunicación y el apoyo internacional para la protección de los derechos fundamentales. La comunidad internacional, a través de organismos como la ONU, debe garantizar mecanismos de presión y cooperación para salvaguardar las democracias en riesgo. El compromiso con los valores democráticos, el respeto al pluralismo y la protección de los derechos humanos son esenciales para evitar que la persecución política y la violación del Estado de derecho desemboquen en una crisis irreversible.
