By El sacerdote jesuita Ismael Moreno instó este jueves al Fiscal General de Honduras, Johel Antonio Zelaya, a garantizar que el caso del asesinato del ambientalista Juan López no quede en el olvido ni en la impunidad.
El crimen, ocurrido el pasado 14 de septiembre en el Bajo Aguán, continúa generando reclamos de justicia por parte de familiares, comunidades locales y organizaciones ambientalistas.
Mediante su cuenta en la red social X, Moreno expresó: “Señor Fiscal General, con el respeto que usted siempre se merece, y desde el dolor y angustias de su esposa, sus hijas y muchas personas de la comunidad de Tocoa y organizaciones ambientalistas, le ruego no deje que se archive en la impunidad el crimen de Juan López”.
El ambientalista Juan López, reconocido por su papel como líder del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), fue asesinado el 14 de septiembre de 2024.
Según informes, hombres armados le dispararon mientras se encontraba en su vehículo en un barrio concurrido de Tocoa, tras salir de la parroquia de San Isidro Labrador.
López había denunciado reiteradas amenazas de muerte, seguimientos y actos de hostigamiento debido a su activismo, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgarle medidas cautelares en 2023.
En relación con este caso, las autoridades han señalado a tres individuos como sospechosos del asesinato. Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía enfrentan cargos por la comisión del delito y actualmente se encuentran bajo prisión preventiva.
Las organizaciones ambientales y los habitantes de Tocoa continúan exigiendo respuestas claras y un proceso judicial transparente. La presión también se intensifica desde los movimientos sociales, que consideran este caso emblemático en la lucha contra la criminalización de los defensores del medio ambiente en Honduras.
El clamor de justicia se suma a los constantes llamados para proteger a los activistas que trabajan en contextos de alta vulnerabilidad. Este asesinato ha vuelto a encender el debate sobre la efectividad de las medidas cautelares y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección en el país.
