By Por: Marcio Enrique Sierra Mejía
A propósito del tema de la corrupción colocado sobre la mesa por Angela Sosa Veroy, en este artículo que escribo, intento complementarlo estableciendo la premisa que la corrupción en Honduras, tiene múltiples orígenes histórico estructurales y sociales. En un sentido metafórico, bien podemos insinuar que ciertamente es un cáncer que corroe la vida de los hondureños.
Desde que nos conquistaron los españoles, la inestabilidad política ha contribuido a la persistencia de la corrupción. Y, es desde la independencia en 1821, debido a la serie de golpes de Estado, dictaduras y la existencia de gobiernos inestables que, se intensifica el desarrollo de un entorno propenso a la corrupción. Nuestra débil institucionalidad o inexistente solidez institucional, posibilita que el poder político, sea controlado por elites políticas corruptas que facilitan y permiten el fortalecimiento de mecanismos opacos, irresponsables e insensatos, es decir un Estado Botin.
Es la concentración de poder y riqueza en manos de elites familiares o partidaristas lo que genera una estructura social, en la que el acceso a los recursos, es intervenida a través de redes clientelistas y corruptas. Estas elites utilizan el control del Estado para afianzar sus privilegios y perpetuar la corrupción en los diversos niveles de la administración pública. Nuestras instituciones, tales como la fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, permiten las practicas corruptas. De ahí que, en Honduras el poder judicial, es subordinado o politizado, a fin de permitir prácticas oscuras o facilitar que los funcionarios corruptos puedan actuar sin consecuencias.
Al haber convertido a Honduras en el canal terrestre por donde se traslada la cocaína a México, las elites políticas al controlar el Estado, aprovechan que nuestro país sea el punto estratégico para el tráfico de cocaína y generar grandes flujos de dinero que se infiltra en el sistema político, judicial y empresarial del país (Marcio Sierra, Honduras Mirada Política 1990-2024, p. 33-39). Y como no hay rendición de cuentas, hemos consolidado una cultura de impunidad que, con mucha viveza criolla, los altos funcionarios, empresarios y otros actores poderosos la fortalecen creando un poder ilícito, que es parte integral de la política y la administración pública. Es el mal manejo de los recursos que son desviados por funcionarios corruptos, lo que aumenta la desigualdad y la pobreza y, en consecuencia, lo que permite que se profundice la corrupción. Vivimos en un entorno estructural que alimenta la corrupción y afecta tanto a los sectores públicos como privados.
