Colegio de Abogados recuperará propiedades que le fueron aseguradas 9 OCT, 2018 – 5:10 AM

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En el transcurso de octubre, los bienes incautados a expresidentes del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), y que estaban bajo la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), pasarían a ser manejados por el Instituto de Previsión del Profesional del Derecho de esa organización gremial.

Entre las propiedades figuran 15 bienes inmuebles, 12 vehículos, así como algunas sociedades mercantiles que les fueron aseguradas a expresidentes del CAH, durante la investigación del megadesfalco al erario del fondo de jubilaciones y pensiones.

La devolución de los bienes se hará para que el CAH recupere parte de lo saqueado por anteriores administraciones, y que estos puedan beneficiar a los más de 24 mil profesionales de las ciencias jurídicas que se vieron afectados por el millonario robo.

Entre los bienes cuyo traspaso ya se confirmó a las autoridades del CAH destacan seis viviendas; una es la mansión del extinto presidente de esa institución, Óscar García, y otra la del expresidente Olvin Mejía.

Asimismo, a partir de este mes pasarán en calidad de comodato, bajo la administración del instituto de previsión, unos ocho vehículos y un edificio de apartamentos que les fueron asegurados a implicados en el megadesfalco.

Una vez traspasados, el CAH podrá hacer uso de esos bienes ya sea para administrar y rentar.

Los bienes fueron asegurados, para luego ser entregados y administrados por la OABI, en el marco de la operación Tormenta de Fuego XI, que ejecutaron fiscales de la unidad de alto impacto, en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

La presidenta del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Any Belinda Ochoa, confirmó que los bienes les serán cedidos al Instituto de Previsión del Profesional del Derecho, en calidad de comodato.

Esta modalidad les permitirá alquilar, rentar y administrar los inmuebles en beneficio de los mismos agremiados, siempre respetando los procesos judiciales.

“Por mientras se emite una sentencia a favor del Instituto de Previsión, estaremos haciendo uso de al menos seis viviendas, ocho vehículos y un edificio de apartamentos”, indicó.

El 21 de noviembre del 2017 se comenzó con la detención de al menos nueve personas, entre ellas el expresidente del CAH, Olvin Mejía.

También se aprehendió a los demás encausados, como Pastor Eliut Valladares Romero, Óscar Reinaldo Casco, Francisco Arnulfo Valladares, Héctor Rodolfo Andino Maldonado, Rossel Arturo Euraque López, Santos Porfirio Alvarenga Nolasco y Roberto Andrés Romero.

El expediente además involucraba al recién fallecido y también expresidente del CAH, Óscar García Castellanos.

Paralelo a estas acciones, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en coordinación con agentes del Departamento Contra el Crimen Organizado de la ATIC, efectuaron en ese momento 15 aseguramientos.

Entre las propiedades incautadas hubo residencias, terrenos, además de 12 vehículos y cuatro sociedades mercantiles.

Según la investigación, esta es la primera de cuatro líneas de investigación en la cual se ha determinado que el monto del delito por parte de los acusados asciende a más de 30 millones de lempiras.

La investigación fue dirigida técnica y jurídicamente por Fiscales de la Unidad de Casos de Alto Impacto, y efectuada por agentes del Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la ATIC.

Según las pesquisas, el desfalco se produjo en dos períodos continuos desde el 2008 al 2012, cuando Castellanos y Mejía Santos, de forma respectiva, presidieron la organización de los togados.

Se concluye que exempleados del CAH cambiaron de forma fraudulenta más de 200 cheques por un valor de más de 200 mil lempiras cada uno.

La emisión de los cheques la realizaban a nombre de los capturados y de falsos beneficiarios, quienes los cambiaban por concepto de seguros de vida y por supuestos fallecimientos de algunos agremiados.

El requerimiento fiscal incluye al exgerente del Instituto de Previsión del CAH, Josué Argeñal Cerrato, quien está condenado a 15 años de prisión por otros actos de corrupción a lo interno de la institución de los abogados.

DATOS

De acuerdo a la acusación presentada ante el juez anticorrupción, en la auditoría al Colegio de Abogados de Honduras se reflejan cobros irregulares por supuestos “beneficiarios” de seguros de vida, que ascienden a los 26 millones 723,818 lempiras en el período 2008 al 2010; y de 72 millones 692,754 lempiras en el período 2010 al 2012.

PREVIO A CONVENIO
OABI y el CAH trabajan en identificar los bienes

El secretario privado de la dirección ejecutiva de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Emanuel Toscano, precisó que trabajan de forma conjunta con las autoridades del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), para identificar los bienes incautados y orientar en qué condición pueden usar los mismos.

Explicó que dichas propiedades podrían utilizarse “para arrendamiento, comodato o el mismo uso provisional”.

Agregó que “trabajaremos en conjunto para que esos bienes vuelvan a donde pertenecen, si así el Juzgado de Privación de Dominio resuelve, debido a que el Colegio de Abogados ya se apersonó en el proceso”.

Adelantó que están próximos a formalizar esta acción con la firma de un convenio entre ambas instituciones.

EN JUZGADOS CONTRA CORRUPCIÓN
Próximo jueves comienza juicio a nueve imputados

El Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción programó el juicio oral y público, del próximo jueves 11 al viernes 26 de octubre, contra los imputados en el megadesfalco al Colegio de Abogados de Honduras (CAH).

Los acusados son el expresidente del CAH, Olvin Mejía (67), Pastor Eliut Valladares Romero (37), Óscar Reinaldo Casco (61), Francisco Arnulfo Valladares (47), Héctor Rodolfo Andino Maldonado (53), Rossel Arturo Euraque López (44), Santos Porfirio Alvarenga Nolasco (39) y Roberto Andrés Romero (53).

La Fiscalía los acusa de los delitos en contra de la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones. También se les imputa el ilícito de falsificación de documentos privados en perjuicio del sistema financiero nacional y la fe pública, según el expediente 05-2017 del caso.

1.-Olvin Antonio Mejía Santos:

-191 delitos en contra de la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones.

-191 delitos de falsificación de documentos privados.

2.-Josué Argeñal Cerrato:

-233 delitos en contra de la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones.

-233 delitos de falsificación de documentos privados.

3.-Pastor Eliut Valladares Romero:

-109 delitos en contra de la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones.

-140 delitos de falsificación de documentos privados.

4.-Óscar Reinaldo Casco:

-53 delitos en contra de la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones.

-53 delitos de falsificación de documentos privados.

5.-Francisco Arnulfo Valladares:

-21 delitos en contra de la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones.

-15 delitos de falsificación de documentos privados.

6.-Héctor Rodolfo Andino Maldonado:

-Seis delitos en contra de la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones.

-Seis delitos de falsificación de documentos privados.

7.- Rossel Arturo Euraque López:

-29 delitos en contra de la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones.

-29 delitos de falsificación de documentos privados.

8.-Santos Porfirio Alvarenga Nolasco:

-Tres delitos en contra de la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones, de manera continuada.

-Tres delitos de falsificación de documentos privados.

9.-Roberto Andrés Romero:

-Siete delitos en contra de la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones.

-Siete delitos por falsificación de documentos privados en perjuicio del sistema financiero nacional y la fe pública respectivamente.

Actualmente Euraque López guarda prisión en el primer batallón militar, mientras que los demás imputados se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario Nacional de Támara.

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