Mi gobierno reclamará justicia y no venganza, así se pronunció la presidenta Xiomara Castro tras conocerse el veredicto de culpabilidad de su antecesor Juan Orlando Hernández (2014-2022) por cargos de narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
La mandataria hondureña publicó un pronunciamiento sobre este hecho a través de sus cuentas de redes sociales señalando que la acusación tilda a su antecesor como un narcotraficante a gran escala.
“Desde la Casa Presidencial, abusó de su poder, explotó el sistema político para el narcotráfico, usó el Ejército y la Policía, y protegió a la gente que lo hizo presidente…”, cita el pronunciamiento.
Indicó que esta resolución deja en evidencia el fracaso del sistema de justicia hondureño y su complicidad con el crimen organizado, demostrando impunidad en estos últimos años.
Hoy nuevamente se comprueba que quienes asaltaron el poder el 28 de junio de 2009, secuestraron el Estado en complicidad con el sistema judicial para delinquir y someter al pueblo con elecciones ilegítimas en noviembre de 2009, y los fraudes electorales de 2013 y 2017, apoyados por la Unión Europea y Estados Unidos, aseveró.
Castro en su pronunciamiento señaló que la confesión de asesinatos del general Arístides González, Alfredo Landaverde, los fiscales Orlan Chávez, Marlene Banegas y Olga Eufragio, el periodista Aníbal Barrow, Magdaleno Meza y su esposa Erika Julissa Bandy García han conmovido a la ciudadanía y que no deben permanecer en la impunidad.
“Mi gobierno del socialismo democrático, por mandato masivo del pueblo en las urnas, reclama justicia no venganza”, aclaró.
Esta élite de gánster que asaltaron el poder, junto a sus cómplices, debe pagar por sus crímenes, ser investigados y juzgados, sin obstáculos que utilizan para enredar o burocratizar la justicia, exigió.
Puntualizó que el asalto del poder por las armas, el asesinato, tráfico y soborno, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito están impunes.
La gobernante afirmó que en su administración asumió con responsabilidad la refundación nacional, la democracia y la integración de los poderes del Estado.
Conminó al Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que actúan con independencia frente a los criminales que traicionaron la patria vendiendo el territorio en las ZEDEs, quienes rompieron el orden constitucional, la impunidad en los asesinatos, robo, tráfico de drogas y permitieron la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández.