By Muy bien que recordamos, como si fuera ayer, el gran conflicto que se dio al final del período presidencial de Suazo Córdoba; cuando teniendo el poder en sus manos pretendió imponer para su sucesión constitucional un candidato presidencial dentro de su partido político en el proceso de elecciones generales de 1985.
La resistencia que se dio dentro los movimientos internos del Partido Liberal y que creó momentos tensos en el ámbito político de la nación llevó a que, mediante un acuerdo violatorio de nuestra Constitución (debemos reconocerlo así), se llegara a implantar la “opción B” con la que José Simón Azcona Hoyo se convirtiera en el presidente sucesor; elecciones generales donde todos los candidatos de los diferentes movimientos dentro de sus partidos políticos participaron en dichas elecciones en el año 1985.
En ese proceso electoral, Azcona obtuvo menos votos que Rafael Leonardo Callejas Romero quien fue el candidato más votado dentro del Partido Nacional; pero con la acumulación de los votos de todas las corrientes de cada partido, el Partido Liberal obtuvo más votos que el Partido Nacional. Así se salió del impase en que se nos había sumido, por el interés cacicazgo de querer imponernos (no ha habido gran diferencia en la actualidad) a la persona que a través del proceso electoral asumiría el trono presidencial.
A raíz de esos sucesos y para higienizar un tanto la débil democracia que existía y continúa existiendo en la vida de la nación dentro de sus partidos políticos, se instituyó el proceso de elecciones primarias como antesala de las generales; evitando con ello que los candidatos presidenciales fueran “impuestos de dedo”.
De esa forma en la legislación electoral se introdujo el proceso de elecciones primarias mediante el cual las corrientes o movimientos internos de los partidos políticos podrían, con sus precandidatos, entrar a la competencia interna para de ese proceso elegir a quien asumiría la candidatura presidencial en las elecciones generales; haciendo extensivo ese proceso primario a los niveles de diputaciones al Congreso Nacional, las corporaciones municipales y las representaciones al Parlamento Centroamericano, más el de las autoridades partidarias en lo que se refiere al Partido Liberal.
Aunque ese sistema electoral se perfilaba como ideal para acabar con el cacicazgo político dándole un tinte cuasi democrático al proceso, en la práctica se ha llegado a manipular de tal forma que se ha degenerado, hasta llegar a perder el espíritu con que fue diseñado sobre todo -pero sin limitarse sólo a ello- cuando desde el poder mismo se imponen y se alientan precandidaturas que reflejan tan sólo el interés personal de quien(es) directa o indirectamente nos gobierna(n).
Los vicios, defectos y hasta degradaciones en que ha caído el proceso primario de elecciones podríamos resumirlos -sin limitarse sólo a ellos- en lo siguiente:
Un infructuoso costo excesivo para el pueblo. El alto costo presupuestario que para el pueblo representa las elecciones primarias limita otras necesidades prioritarias -por impostergables- que nunca llegan a atenderse en beneficio de la persona humana como fin primordial del Estado y la nación, tal como lo manda nuestra Constitución en su artículo 59. Ante esa alternativa entre la democracia y las condiciones humanas como dignas de la supervivencia del pueblo, lo más recomendable es que cada partido político financie su propio proceso primario e interno, desde luego bajo la supervisión y ratificación del Consejo Nacional Electoral.
Una inalcanzable democratización que se vuelve ilusoria. Sigue observándose dentro de los partidos políticos el ventajoso cacicazgo impositivo de quienes son la autoridad constituida dentro de dichos partidos y con mayor acentuación cuando se trata de partidos hechos gobierno.
Un lamentable desgaste en la anhelada identidad de nuestro pueblo. Cada vez es más notable la escisión que progresivamente se observa en la familia hondureña, con los enfrentamientos que se dan en los procesos electorales que incluyen desde luego las elecciones primarias. Estos procesos lejos de construir vida democrática entre connacionales acentúan cada vez más un indeseable divisionismo que no ofrece futuro promisorio alguno para la nación.
Una indeseable distracción de los servidores públicos en general. Los tiempos empleados en las actividades políticas en los procesos primarios y generales distraen a los servidores públicos de sus tareas esenciales, especialmente los que desde el Congreso Nacional atienden más prioritariamente sus intereses personales y de sus partidos en cada proceso, olvidándose del verdadero sentido y naturaleza de sus cargos que ejercen en representación de y para el pueblo que les ha elegido.
Un inevitable como invencible fraude que se da en el proceso primario. Cuando con ánimo de sacudirse a precandidatos de la oposición que serían amenaza electoral en el proceso general de noviembre, hay migración electorera hacia el partido contrario tan sólo para votar por precandidatos que restarían votos a lo probables vencedores considerados sus potenciales rivales en las generales. Así vemos que en el proceso primario los resultados de los votos escrutados son totalmente diferentes al del proceso general, para los partidos políticos y para sus respectivos precandidatos.
Una inconstitucional vulneración a la secretividad del voto y a la libertad de elección. Entre otras garantías que nuestra Constitución da a nuestro voto está la secretividad y la libertad electoral del ciudadano en el ejercicio del sufragio. Desde todos los gobiernos, los partidos de turno obligan a los servidores públicos a ir a ejercer el sufragio en las primarias e impositivamente en las urnas electorales del partido de gobierno. Ello, contrario a la Constitución, revela el “voto secreto” del elector a nivel partidario, vulnera su libertad de elección sobre todo cuando se ve forzado a mantener su puesto de trabajo en el gobierno y promueve el falso triunfo de un precandidato que sin esa manipulación probablemente no sería el ungido en las primarias.
Ante esa incuestionable realidad dentro de nuestro “sistema democrático” es indudable que las elecciones primarias se han desnaturalizado a tal grado que actualmente no aseguran la democratización de los institutos políticos que las promueven; al divorciarse en la práctica del mínimo fin por lo que fueron concebidas y legisladas.
Como opción salvífica consideramos que la famosa como inolvidable “Opción B” inconstitucionalmente utilizada por acuerdo político en 1985 sería el rumbo que debería tomar el proceso primario absorbiéndolo dentro de las elecciones generales. Indudablemente para ello sería necesaria una reforma constitucional que debería iniciarse en la actual legislatura del Congreso Nacional para ser ratificada en la de 2026.
Este es el mejor año para materializare el respectivo proyecto de reforma constitucional… las actuales elecciones primarias ya transcurrieron de tal forma que nadie podría sentirse afectado por tal reforma, y facilitaría su ratificación constitucional al iniciarse el próximo gobierno. Cabe aclarar que la sugerida reforma constitucional en nada choca con la disposición pétrea contenida en el artículo 374 de la Carta Magna. En este artículo se ha legislado únicamente contra quienes bajo cualquier modalidad no pueden volver a ser presidente de la República y no contempla cómo debe ser legislado el proceso electoral.
Queda en manos de nuestros supuestos políticos en el verdadero sentido de la palabra y supuestos representantes del pueblo en el Congreso Nacional darle un impostergable giro a nuestro sistema electoral, eliminando los procesos primarios y subsumiéndolo dentro del proceso de elecciones generales de noviembre; poniendo fin con ello a los vicios, defectos y maniobras antidemocráticas que se han enraizado en las elecciones primarias.
