By A menos de ocho meses para que expire la actual prórroga automática del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, miles de connacionales viven entre la angustia y la esperanza, en medio de una batalla liderada desde varios frentes.
Juan Flores, presidente de la “Fundación 15 de Septiembre”, enfatizó: “La lucha por el TPS continúa. No podemos quedarnos frizados ante la adversidad”, expresó en un mensaje dirigido a la comunidad migrante.
Flores anunció que a partir del 19 de mayo iniciarán acciones coordinadas para presionar por la renovación del programa, del cual dependen miles de familias hondureñas en Estados Unidos.
Muchos perderían sus empleos, su licencia de conducir, hasta su retiro. Hay hondureños que ya están jubilados y, sin esta renovación, dejarán de recibir su pensión. Sus vidas colapsarían”, alertó el dirigente.
Desde hace varias semanas que la fundación se encuentra realizando acercamientos con varias autoridades norteamericanas con el fin de dar a conocer el impacto que tiene el TPS.
A pesar de la incertidumbre, Flores, consideró que este programa pueda ser extendido y de esta forma evitar una crisis, pero que independiente de la decisión que tome Estados Unidos buscarán formas de legalizar sus situaciones migratorias.
No es solo una lucha migratoria. Es una lucha económica, social y política. Lo que está en juego va mucho más allá del estatus individual de cada migrante. Está en juego el sustento de miles de hogares y la estabilidad de comunidades enteras”, recalcó Flores.
Graco Pérez, analista experto en temas migratorios, explicó que tras no haberse emitido una notificación oficial el pasado 4 de mayo, el TPS para Honduras entró automáticamente en una extensión de seis meses que finaliza en enero de 2026.
Sin embargo, el gobierno estadounidense deberá anunciar una decisión dos meses antes del vencimiento, es decir, en noviembre próximo.
A pesar de la incertidumbre, Flores, consideró que este programa pueda ser extendido y de esta forma evitar una crisis, pero que independiente de la decisión que tome Estados Unidos buscarán formas de legalizar sus situaciones migratorias.
“No es solo una lucha migratoria. Es una lucha económica, social y política. Lo que está en juego va mucho más allá del estatus individual de cada migrante. Está en juego el sustento de miles de hogares y la estabilidad de comunidades enteras”, recalcó Flores.
Graco Pérez, analista experto en temas migratorios, explicó que tras no haberse emitido una notificación oficial el pasado 4 de mayo, el TPS para Honduras entró automáticamente en una extensión de seis meses que finaliza en enero de 2026.
Sin embargo, el gobierno estadounidense deberá anunciar una decisión dos meses antes del vencimiento, es decir, en noviembre próximo.
“Estamos en un periodo automático. Si no hay una decisión antes del 4 de noviembre, se abre la posibilidad de otra extensión. Pero todo dependerá del contexto político, las relaciones bilaterales y quién esté en el poder para entonces”, explicó Pérez.
Uno de los factores que podría jugar en contra de Honduras es la deteriorada relación diplomática con Estados Unidos.
Perez recordó que el gobierno de Xiomara Castro ha tenido roces con Washington, incluyendo intentos de cancelar tratados de extradición, tensiones por la presencia militar en Palmerola y la falta de un embajador estadounidense en el país.
El gobierno no ha hecho un trabajo diplomático efectivo. Más allá de enviar una carta formal el año pasado solicitando la renovación del TPS, no se ha hecho un lobby real. Las relaciones bilaterales no se fortalecen solo cuando hay crisis. Esa es la gran lección”, advirtió.
Más de 55,000 hondureños se benefician del TPS en Estados Unidos, su estabilidad legal les permite trabajar, pagar impuestos y enviar remesas a sus familias.
Desde Estados Unidos, la comunidad hondureña se prepara para redoblar esfuerzos en los próximos meses.
