Plan antiextorsión, un fracaso en los primeros seis meses: solo 84 casos llevados a juzgados

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CORTESÍA DIARIO EL HERALDO

Este martes 6 de junio se cumplen seis meses de la entrada en vigor del estado de excepción parcial y del plan antiextorsión en Honduras, con resultados sumamente pobres en relación con las expectativas que tenía la población.

Al menos así lo revela una investigación que realizó la Asociación para una Sociedad mas Justa (ASJ) sobre el impacto de la medida en su primer semestre de aplicación.

En noviembre del año pasado, distintos sectores de la sociedad le exigieron al gobierno tomar acciones contra el cobro de la extorsión.

El Poder Ejecutivo reaccionó exigiendo a la Secretaría de Seguridad un plan de lucha contra ese flagelo, aprobó un estado de excepción parcial que entró en vigor el 6 de diciembre de 2022 y anunció un apoyo financiero a la Policía por un monto de mil millones de lempiras.

Tras ver el ejemplo de cómo El Salvador del gobierno lucha decididamente contra las pandillas, maras y extorsionadores, los hondureños esperaban que algo similar se replicara en este país para detener un problema que se ha salido de control.

No obstante, el tiempo pasó y de miles de capturas anunciadas por la Policía apenas 84 casos de extorsión han sido presentados ante los juzgados en materia de extorsión en los últimos seis meses, indica el organismo de sociedad civil.

Un plan a medias

Para realizar la medición, esta organización a través de la empresa encuestadora Le Vote aplicó una encuesta telefónica a 847 personas en 173 municipios del país, igualmente se realizó un análisis a las estadísticas oficiales.

El informe de los hallazgos, bajo la autoría del abogado danés Andreas Daugaard, revela que para finales de 2022 el porcentaje de víctimas por extorsión era de 9% del total de la población encuestada.

No obstante, seis meses después el porcentaje es de 8.4%, presentando una reducción ínfima de 0.6%, lo que significa que la tasa sigue casi igual.

Según el documento, mientras en diferentes momentos la Secretaría de Seguridad ha presentado cifras de detenciones en cientos y hasta miles, solo 84 casos de extorsión han sido presentados ante los juzgados en materia de extorsión en el tiempo e implementación de las medidas.

La situación es tal que solo un poco más de un tercio de la población sabe que existe un plan de tratamiento de la extorsión y delitos conexos presentado en noviembre del 2022.

Aunque la estrategia tiene buenos componentes, su implementación ha sido muy débil y fragmentada entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, Poder Judicial y demás instituciones públicas.

Incluso, “hemos observado que en la última ampliación del estado de excepción se realizó una división del territorio entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas”, dice Daugaard en su informe.

Es más, de las 30 acciones establecidas en el plan, solo una ha sido cumplida, tres están en proceso, once no están cumplidas y para 15 de ellas no hay información pública para evaluarlo, precisa.

Asimismo, los datos de la encuesta reflejan que la estrategia policial implementada no ha logrado disminuir los niveles de extorsión, más bien esta se volvió “un delito de alcance nacional, que no solo afecta a los departamentos con mayor densidad poblacional como las ciudades Tegucigalpa y San Pedro Sula”.

Ahora los departamentos que actualmente presentan una mayor incidencia son Islas de la Bahía, con una tasa de 17%; Colón, con un 13 por ciento; así como Atlántida y Santa Bárbara, con 12% cada uno.

$!Este martes, 6 de junio, se cumplen seis meses de la entrada en vigor del estado de excepción, pero los resultados contra el crimen y la delincuencia, son cuestionables.

Estado de sitio

Según la encuesta realizada por la ASJ, la población tiende a estar más en acuerdo con el estado de excepción que en desacuerdo. El 45.3% de los encuestados expresaron estar de acuerdo o muy de acuerdo, mientras que 23.1% están en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Sin embargo, el apoyo relativamente alto a esta medida no se traduce en que la población se siente más segura. Al contrario: mientras el 17.7% se sienten más seguros, el 27.2% se sienten menos seguros y 50.2% se sienten igual.

En cuanto a la probabilidad de que este plan policial lleve a una reducción de la extorsión, los encuestados tienden levemente a creer que no. El 46% consideran que no, mientras 43% consideran que sí y 10% no sabe o no respondió.

Para las nuevas operaciones antiextorsión el Ejecutivo dijo que la Secretaría de Seguridad tendría un apoyo financiero por un monto de mil millones de lempiras, pero- según las investigaciones de ASJ- de esa cantidad, en cinco meses, solo se han ejecutado 39.9 millones, equivalente al 4%.

La asignación presupuestaria destinada a la Dirección Policial Antimaras, Pandillas y Crimen Organizado (DIPAMPCO) para el año 2023 asciende a L1,023.6 millones, que representa el 10% del presupuesto de toda la Secretaría de Seguridad (L10,552.9 millones).

La asignación de DIPAMPCO para 2023 es superior en 14 veces más respecto al año 2022, que fue de L73.3 millones.

El 62% de los recursos están orientados a la adquisición de equipo de seguridad, un 25% para operatividad, 8% para recurso humano y un 5% para ayudas sociales a policías.

En términos de ejecución, se muestra un desempeño bajo con apenas el 4% de los recursos asignados, destinados para operatividad, recursos humanos y 0% de ejecución en equipo de seguridad.

En los primeros cinco meses de gestión solo se ha logrado detener a 194 personas por extorsión. Si continúan a este ritmo solo se lograría detener a 465 personas en todo el año.

Si se logra ejecutar todo el presupuesto esto representaría una inversión de 2.2 millones de lempiras por cada persona que se logra detener, detalla el documento.

Ante la consulta de los deficientes resultados y la baja ejecución presupuestaria, no hubo reacción policial; únicamente un alto oficial que pidió no ser mencionado manifestó que la lucha contra la extorsión y las pandillas tiene varias aristas, algunas de ellas boicoteadas desde el mismo gobierno.

Respecto a la asignación y ejecución presupuestaria, la fuente señaló que una cosa es el discurso público desde el Ejecutivo y otra es la realidad con los desembolsos de los recursos por parte de Finanzas.