La mutación de las maras y su diversificación criminal

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Las raíces históricas de las pandillas en Honduras se remontan a los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, cuando grupos de jóvenes en Tegucigalpa se enfrentaban unos con otros a “puño limpio”, sin armas de fuego, defendiendo su territorio, pero es en los años noventa cuando aparece la primera mutación imitando a las pandillas de California, en Estados Unidos, para representar en la última década otra nueva mutación en donde sus estructuras se empiezan a ligar a la criminalidad organizada.

Así lo detalla la más reciente investigación sobre este fenómeno social realizado por la Asociación para una sociedad más Justa (ASJ) y el PNUD, que constituye una de las investigaciones más recientes y completas al respecto, poniendo en perspectiva su entorno, influencia, penetración y transformación en redes criminales que constituyen en las zonas donde confluyen y controlan, un poder paralelo a las estructuras fácticas del poder en este país centroamericano.

Tres momentos caracterizan la historia de las maras y pandillas en este país, según el informe. El primer momento se remonta a la década de 1990-1999, tras el fin de la guerra fría, el flujo migratorio y las primeras deportaciones. No obstante, el país en los años 50 y 70 del siglo pasado ya contaba con grupos juveniles que se enfrentaban unos con otros por rivalidades o control de zonas, pero sin armas, ni violencia extrema. La pelea era a “puño limpio”.

Pero entrada la década de los noventa, terminando la guerra fría, inician las primeras deportaciones y muchos de ellos eran personas procedentes de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y con ella venían los primeros pandilleros influenciados por las maras californianas. Algunos de estos deportados eran pandilleros salvadoreños y muchos de ellos llegaron a Honduras.

Los pandilleros procedentes de El Salvador huían de las políticas de seguridad de mano dura en ese país, y las primeras concentraciones de pandilleros en Honduras se registran en San Pedro Sula, que en ese entonces tenía una población por debajo de los 25 años de edad, con amplias franjas de comunidades marginales y con una historia de violencia por lucha de la tierra, aseveran el equipo multidisciplinario a cargo de la investigación sobre maras y pandillas en Honduras.

Es así como surge el Barrio 18 en el sector de La Planeta en San Pedro Sula, mientras la MS-13, lo hizo en la tercera calle del Barrio Concepción en esa ciudad. Ese fue el primer momento que se registró.

Violencia
El segundo momento, es entrada la década del 2000-2009, que tiene como telón de fondo las secuelas del huracán Mitch y la agudización de la pobreza, así como el inicio en el país de las políticas de mano dura contra la delincuencia y la inseguridad., El huracán produjo, además, una nueva ola de migración del campo a la ciudad, creando asentamientos humanos en zonas que con los años se convertirían en comunidades como la Flor del Campo, Los Pinos, Villanueva y Nueva Suyapa. El fenómeno de las maras y pandillas se empieza a instalar con violencia.

El uso de tatuajes, la vestimenta y lenguaje, comenzaron a llamar la atención y ante las políticas de seguridad, las pandillas hacían sentir su presión con actos vandálicos como el ataque a un bus en el 2003 donde murieron 14 personas, exigiendo la revocación de la ley antimaras. La virulencia fue creciendo y a la misma se le respondió con la estrategia de “cero tolerancia”. En el 2003, en un incendio de la cárcel de El Porvenir, murieron 107 pandilleros, en su mayoría de la MS-13.

Otro elemento que destaca son las deportaciones que se producen de Estados Unidos, en especial de personas integrantes del triángulo norte: El Salvador, Guatemala y Honduras. En los años de 2001 al 2010, se deportaron al menos 121,899 personas, y muchas de ellas venían con antecedentes penales que luego se insertaron en las maras y pandillas, en su gran mayoría.

En el 2004, las maras y pandillas, en plenas festividades navideñas, atacaron un bus en Chamelecón en el cual murieron 28 personas, entre ellas siete niños. La presión subía y las cárceles se llenaban de pandilleros. Su estadía en la cárcel permitió a los jóvenes pandilleros establecer lazos de mayor cohesión. Fueron consolidando sus estructuras y formas de organización, produciendo una nueva faceta de mutación hacia el crimen organizado, especialmente la extorsión y el sicariato.

Hacia una organización criminal

El tercer momento, se registra en la década del 2010 al 2019, aquí las maras y pandillas empiezan a despojarse de sus principales distintivos, tatuajes, vestimentas y ritos, y desarrollan una vida híbrida, entre la clandestinidad y lo público. Ello, según los investigadores, responde a dos factores, la permanencia en el tiempo que los ha llevado a echar raíces en las comunidades, en las cárceles y construir redes de apoyo. En el segundo factor, persisten los desafíos estructurales relacionados con la pobreza, comunidades marginadas y grandes sectores de jóvenes excluidos y sin acceso a oportunidades.

Aprovechando la debilidad institucional y la inestabilidad política, las maras y pandillas ven ahí una oportunidad para penetrar las estructuras policiales, militares, tribunales y puestos de gobierno. En esta tercera década, la mutación se percibe en los siguientes aspectos: Diversificación criminal, expansión territorial, lo económico, actor político.

En la diversificación criminal, las maras y pandillas desarrollan una estrategia de infiltración de cargos públicos, la policía y el ejército, Asimismo, como parte de la sofisticación y las inversiones en negocios de la economía formal, se envían pandilleros a las universidades para que se conviertan en abogados, contadores y administradores de empresas.

Narcomenudeo detona la violencia en Honduras
El crecimiento del aumento de la extorsión y narcomenudeo lleva a la necesidad de lavar las ganancias, lo cual permite a las pandillas la oportunidad de invertir en negocios legítimos. Con los recursos económicos provenientes de la delincuencia organizada se construye una base social clientelar y se refuerzan el poder fáctico sobre las comunidades.

La expansión territorial, se produce tanto a nivel urbano como rural. Las maras y pandillas al mostrar características de un “Estado paralelo”, lo que buscan es monopolizar el ejercicio de la violencia en los territorios bajo su control, donde la policía y los militares entran solo ocasionalmente, siendo las maras quienes administran la violencia.

Por medio del control de la violencia, se abren las oportunidades para sus negocios. Según uno de los pandilleros entrevistados para la investigación, “entre menos caliente está la cosa, mejor andan los negocios para el barrio”. En el caso de expansión hacia zonas rurales, buscan un nuevo espacio de operación, resguardarse de un rival o las fuerzas de seguridad, controlar las rutas regionales de tráfico ilícito de cocaína, armas, dinero y el tráfico de personas, incluyendo la inmigración irregular, la esclavitud sexual y otros.

Se aseguraran 25 residencias, cinco sociedades mercantiles y negocios.
En lo económico, su capacidad económica se refleja en la fortuna material y financiera de la pandilla, esto queda evidenciado en operaciones de combate al crimen organizado del Ministerio Público como Avalancha I, II y III, en donde se logró el aseguramiento de millones de lempiras en bienes en distintos puntos del país, entre ellos varias viviendas, clínica médica, centro comercial, entre otros. Los pandilleros que se conocen y conectan en los centros penales, comienzan a tocar intereses de la elite política y económica. El resultado ha sido el surgimiento de la extorsión sistemática y permanente. Con lazos crecientes con los carteles mexicanos de la droga, las maras, especialmente la MS-13, están adquiriendo recursos financieros y nuevas técnicas de procesamiento de drogas como la cocaína.

Finalmente, como actor político, las maras y pandillas han logrado tener influencia como grupo de presión. Los homicidios son un importante indicador del poder que pueden tener las maras para ejercer presión, como es el caso de las muertes de conductores de unidades de transporte cuando no se cumple con el pago de “peaje” o extorsión.

Las maras y pandillas, señala el informe, han subvertido procesos electorales en formas nuevas y peligrosas para la democracia. Sin embargo, esto no quiere decir una afiliación ideológica, sino más bien la amenaza que representa el poder público dominante para sus operaciones ilegales en su territorio. Otra manera de ejercer el poder es por medio de la imposición de reglas de movilidad en las comunidades, como horarios de tránsito, toques de queda y fronteras enemigas. El monopolio de la violencia, concluyen los investigadores, convierte a las pandillas en un poder fáctico que utiliza diversos medios coercitivos que no requieren hacer uso de la fuerza. (PD)