En manos de magistrados del TSC el requerimiento contra Bográn

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Que se judicialicen los actos de corrupción y que se castigue a los culpables son uno de los principales anhelos de la sociedad hondureña, que ha sufrido en carne propia los embates de la corrupción en tiempos de la pandemia.

Las investigaciones por los casos de corrupción están avanzados, sin embargo, el
Ministerio Público no puede emitir los requerimientos fiscales ni contra Marco
Bográn ni contra Gabriel Rubí, principales investigados por presuntos actos de
corrupción, porque una norma aprobada por el Congreso Nacional el año
anterior le impide el libre ejercicio de la acción penal.

Se trata de la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y
Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social,
Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales o popularmente conocida
como la Ley del Fondo Departamental, que ha sido calificada como una coraza
para los corruptos.

En papel mojado quedarían todas las diligencias de investigación, que van desde
el secuestro de documentos, inspecciones y toma de declaraciones a investigados
y testigos, si el TSC no actúa a tiempo.

La normativa señala que mientras el TSC “no emita una resolución definitiva,
queda en suspenso cualquier otro tipo de acción administrativa, civil o penal,
independientemente en la fase en que se encuentre, con relación a la deducción
de cualquier tipo de responsabilidad sobre los fondos que están siendo
auditados”.

Es decir, que para que actúe el Ministerio Público, el TSC habrá de emitir sus
pliegos de responsabilidad penal contra los funcionarios que hayan despilfarrado
los fondos públicos.