El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó el informe: «Entre el despilfarro y la falsa percepción de seguridad» los millonarios gastos injustificados, por parte de empleados público.
El informe detalla que El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), a través del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad (CTF), despilfarró más de 307 millones de lempiras en diferentes gastos que se justificaron como necesarios para reducir los índices de violencia, pero en la práctica se
desviaron para otros fines.
El CNA identificó que el mecanismo utilizado en estas operaciones iniciaba con las resoluciones que emitía el Consejo para la ejecución de proyectos, con instrucciones precisas sobre los bienes o servicios a adquirir. La institución beneficiada, y en la mayoría de los casos, incluía el monto de la supuesta inversión
y la modalidad de contratación que debía realizar el CTF.
Con esta información, el Comité Técnico giraba instrucciones al fiduciario, que en este caso era el Banco Central de Honduras (BCH), por medio de la Secretaría de Finanzas para que hiciera los desembolsos. Sin embargo, al comparar las resoluciones emitidas por el CNDS, con la documentación de los bienes o servicios adquiridos, el CNA comprobó que el CTF autorizó al BCH la erogación injustificada
de L 307,662,162.04.
Para la investigación se analizaron 15 resoluciones emitidas por la CNBS del
2013 al 2018 sobre diferentes proyectos. Estos proyectos se solicitaban para beneficiar a la Secretaría de Defensa, Policía Nacional, Fuerzas Armadas de Honduras, Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación, Fuerza Aérea Hondureña y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Pero en la práctica se usaron para el alquiler de transporte aéreo y de vehículos blindados, compra de unidades de lujo, vuelos charter, pago de beneficios salariales, alimentación y logística, entre otros. Incluso, se pagaron los gastos por viáticos internacionales de una integrante de la CTF para cursar una maestría en China, Taiwán, que ella misma solicitó y autorizó por un monto de L 119 mil.
Por disposición de la ley, el CNDS debía supervisar la administración que el CTF hacía de los fondos, y solicitar informes de cómo se utilizaban los mismos, además de organizar reuniones para la rendición de cuentas; sin embargo, el CNDS siguió emitiendo resoluciones y omitiendo su labor supervisora. Esta falta de control llevó a que el fideicomiso se administrara en números rojos desde el 2013.
Denuncia
El CNA presentó ante el Ministerio Público una denuncia por violación a los deberes contra ocho exfuncionarios de la pasada administración que integraban el CNDS: Juan Orlando Hernández, Mauricio Oliva, Jorge Rivera Avilés, Julián Pacheco Tinoco, Óscar Chinchilla Banegas, Arturo Gerardo Corrales Álvarez, Samuel Reyes Rendón y Carlos Roberto Aldana Zelaya. Además, se interpuso la denuncia por malversación de caudales públicos contra los integrantes del CTF: Juan Ramón Molina, Lourdes Alejandra Hernández Quan, Carlos Sánchez, Reynaldo Sánchez y Rosa Adelina Pavón. También se denunció ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a los los directivos del CTF por
el mal manejo de los fondo de la Tasa de Seguridad.
