By El pasado 5 de enero, el Ministerio Público, emitió una orden de captura en contra del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez, y posteriormente, la Policía Nacional dio a conocer su captura acusándolo de ser responsable del asesinato del simpatizante de Manuel Zelaya Rosales, Isy Obed Murillo, hecho ocurrido el 5 de julio de 2009, en medio de las manifestaciones tras el golpe de Estado en Honduras.
Isy Obed Murillo Mencías fue un joven que participaba en una protesta pacífica en las cercanías del Aeropuerto Internacional Toncontín en Tegucigalpa, donde miles de ciudadanos se habían reunido para apoyar el regreso del presidente Manuel Zelaya, quien había sido derrocado días antes.
Durante las manifestaciones, Murillo fue alcanzado por un disparo en la cabeza, lo que le causó la muerte instantánea. A raíz de este crimen, varias figuras del gobierno en ese entonces, incluido Romeo Vásquez Velásquez, fueron señaladas por su implicación en la represión de los manifestantes.
Vinculación de Romeo Vásquez Velásquez
El Ministerio Público presentó evidencia que vincula a Vásquez Velásquez con la orden de abrir fuego contra los manifestantes, especialmente a aquellos que se encontraban en las cercanías del aeropuerto.
Como exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras en ese momento, el general tendría responsabilidad sobre las decisiones estratégicas y operativas de la fuerza militar, lo que lo coloca en el centro de las investigaciones.
Las acusaciones apuntan a que, durante la represión de las manifestaciones, se desató un uso excesivo de la fuerza, que resultó en varios muertos y heridos, con Murillo como uno de los casos más emblemáticos.
Según el Ministerio Público, la investigación ha logrado reunir pruebas que sugieren que los militares, bajo el mando de Vásquez, actuaron de manera violenta y sin justificación para disolver las protestas pacíficas.
Romeo, quien es un crítico constante del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, rechazó en varias ocasiones las acusaciones en su contra, afirmando que nunca dio la orden de atacar a los manifestantes.
En su defensa, ha sostenido que las acusaciones son parte de una “persecución política” por su postura contra el golpe de Estado y su rol en el gobierno de facto que asumió el poder en 2009.
“No lograrán callarme! Nunca di una orden de atentar contra ningún hondureño”, dijo. De acuerdo con sus abogados, las acusaciones no tienen sustento y responden a una agenda política que busca desacreditar su figura.
