CORTESÍA
América Central, una región crucial para la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos, se encuentra en una encrucijada peligrosa. Envalentonados por la administración Biden, los regímenes de izquierda han desatado una ola de corrupción, crimen organizado y autoritarismo que amenaza no solo la estabilidad de la región sino también los intereses de Estados Unidos.
Recientemente, la presidenta socialista de Honduras, Xiomara Castro, amenazó descaradamente a Estados Unidos, declarando que expulsaría las bases militares estadounidenses del país si el presidente Trump seguía adelante con sus planes de deportar a los ciudadanos hondureños ilegales.
Los comentarios de Castro fueron nada menos que audaces. Acusó a Estados Unidos de beneficiarse del territorio hondureño durante décadas sin pagar un centavo, y sugirió que cualquier política de deportación obligaría a su gobierno a “reconsiderar la cooperación” en asuntos militares. Este descarado intento de intimidar a un presidente estadounidense elegido democráticamente es un recordatorio contundente de hasta qué punto están dispuestos a llegar los líderes izquierdistas para socavar los intereses estadounidenses mientras exigen dádivas.
Honduras, que antes era un aliado confiable, ahora sirve como advertencia de la mala gestión izquierdista y de la traición a las alianzas estadounidenses. Desde que asumió el cargo, la presidenta de extrema izquierda Castro ha priorizado el desmantelamiento de los tratados de extradición, lo que es una medida transparente diseñada para proteger a sus compinches y patrocinadores financieros del narcotráfico , ha hecho las paces con el régimen venezolano de Maduro y ha orientado a Honduras hacia China. Las amenazas de su administración contra Estados Unidos y la erosión de las instituciones que combaten el crimen organizado reflejan un rechazo más amplio a las normas democráticas .
Lamentablemente, Honduras no es el único país que ha tomado medidas de ese tipo. El nicaragüense Daniel Ortega y otros líderes izquierdistas de la región reflejan las tendencias autoritarias de Castro. Estos regímenes están aliados con redes criminales, y su disposición a socavar los principios democráticos expone el costo de la retirada de Estados Unidos de la región. Sus políticas alimentan la inestabilidad económica , exacerban las crisis migratorias y permiten que la influencia de Beijing crezca sin control, amenazando los intereses estratégicos de Estados Unidos en su hemisferio.
El presidente Trump ha señalado con razón que los países latinoamericanos, entre ellos Honduras, están enviando deliberadamente a sus criminales a Estados Unidos, vaciando sus cárceles e inundando nuestras fronteras con individuos peligrosos. La negativa de Castro a aceptar el regreso de los inmigrantes ilegales hondureños no hace más que reforzar esta estrategia, mostrando sus verdaderas prioridades: socavar la soberanía estadounidense y evitar rendir cuentas por los problemas de su país. Si los inmigrantes ilegales hondureños son tan vitales para la economía estadounidense como afirma, ¿no debería Castro estar celebrando su regreso para que puedan contribuir a su nación en dificultades?
El presidente Trump entiende lo que está en juego: las fronteras, la seguridad y la influencia de Estados Unidos están ligadas al destino de América Central. Ahora que los regímenes izquierdistas se envalentonan y el caos se extiende, es hora de tomar medidas audaces. Para enviar un mensaje claro a Xiomara Castro y a sus secuaces, Trump debe reafirmar el dominio de Estados Unidos en la región, hacer retroceder la subversión izquierdista y restablecer la visión de “Estados Unidos primero”, que pone nuestros intereses por encima de todo lo demás.
El primer paso que debe dar la Administración Trump es claro: indultar al expresidente conservador hondureño Juan Orlando Hernández, un patriota convertido en preso político a manos de la corrupta Administración Biden.
Estados Unidos tuvo en su momento un socio fuerte en el presidente Hernández, un aliado feroz de Donald Trump y un campeón probado en la guerra contra los cárteles. Pero el Departamento de Justicia de Biden lo atacó sin descanso. ¿Su delito? Luchar para evitar que Honduras cayera en el caos y atreverse a ponerse del lado de Estados Unidos. En lugar de aplaudir su historial de extradición de capos de la droga, seguridad de la frontera y desmantelamiento de imperios criminales, el Departamento de Justicia de Biden lo desprestigió con acusaciones endebles inventadas por los mismos narcotraficantes que Hernández extraditó a Estados Unidos para ser juzgados.
Cuando Hernández perdió el poder, Xiomara Castro lo extraditó a Estados Unidos, eliminando así a su principal oponente político. El fiscal general de Biden, Merrick Garland, incluso admitió que lo hicieron para “ayudar” al gobierno izquierdista de Castro a consolidar el poder. Esto no es justicia; es sabotaje, puro y simple, y todo para allanar el camino para que un régimen liderado por Castro refuerce su control del poder en Honduras.
Esta guerra legal descarada envía un mensaje escalofriante: si te atreves a apoyar a Trump y a Estados Unidos, eres un blanco para la destrucción. Los paralelismos con los ataques de la izquierda al presidente Trump son evidentes. Una campaña implacable de acoso legal, encabezada por el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg, fue diseñada para silenciar y destruir a un patriota que priorizaba a la nación y desafiaba la agenda izquierdista.
Hoy, Hernández se encuentra en una prisión federal, el mismo destino que los demócratas querían para el presidente Trump. Los resultados de esta vendetta no sorprenden: los cárteles están resurgiendo, los tratados se están desmoronando y los regímenes antiamericanos están prosperando. Se trata de una estrategia deliberada para socavar la influencia de Estados Unidos y castigar a cualquiera que se atreva a resistirse.
Los regímenes de izquierda como el de Xiomara Castro no son sólo molestias regionales, sino amenazas directas a la seguridad y soberanía de Estados Unidos. Al desmantelar las unidades anticrimen, Castro ha convertido a Honduras en un refugio para la anarquía , los cárteles de la droga y el crimen organizado. Su mala gestión económica y la corrupción endémica no han hecho más que empeorar la crisis migratoria. Olas de hondureños han ido hacia el norte y han desbordado la frontera de Estados Unidos, lo que ha puesto a prueba nuestros recursos. Las remesas se han convertido en un salvavidas para el Estado fallido de Castro.
Al mismo tiempo, el creciente dominio de China sobre América Central, facilitado por líderes como Castro, es una amenaza existencial para la influencia de Estados Unidos en la región. Las llamadas inversiones de Beijing están diseñadas para debilitar el dominio estadounidense y reforzar su control sobre una zona crítica para nuestros intereses estratégicos. La retirada de Castro de las políticas pro mercado y contra el crimen es una invitación a Beijing para expandir su poder.
En cambio, el gobierno de Hernández redujo la violencia, desmanteló los cárteles de la droga y mejoró la cooperación entre los organismos de control de inmigración de Estados Unidos y Honduras. El retroceso de estos logros por parte del gobierno de Castro pone de relieve los peligros de permitir que los regímenes de izquierda gobiernen sin control. En Honduras, la liberación y el regreso de Hernández y la restauración del Partido Nacional en el poder son probablemente las únicas formas de impedir que el país consolide su condición de Estado fallido.
Para enfrentar las amenazas que plantean los regímenes de izquierda y quienes los apoyan, el presidente Trump debe defender a sus partidarios, desafiar a los corruptos y aplastar la creciente oleada de influencia china. En esencia, esta estrategia implica restablecer alianzas, aprovechar la ayuda económica y fortalecer la seguridad.
Para restablecer las alianzas hay que empezar por recompensar la lealtad. El presidente Trump debe enviar un mensaje claro: Estados Unidos apoya a sus amigos en América Latina. Después de indultar a Hernández, el gobierno de Trump debe acoger a visionarios audaces como Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina, que están dispuestos a oponerse a las agendas globalistas y socialistas y defender la soberanía de sus naciones.
La influencia económica es un arma que el presidente Trump debe manejar con precisión. La ayuda estadounidense debe ser una zanahoria para los aliados que defienden los valores democráticos y un palo para los regímenes que se muestran complacientes con los criminales o con Pekín. El régimen de Castro debe aprender que no puede amenazar al presidente Trump y al mismo tiempo recibir más de 100 millones de dólares en ayuda exterior estadounidense por año.
Las alianzas en materia de seguridad no son negociables. En un momento en que los cárteles se están fortaleciendo y la migración aumenta, el presidente Trump debe redoblar los esfuerzos en materia de cooperación militar y de inteligencia. Bajo el liderazgo de Trump y Juan Orlando Hernández, las iniciativas contra el crimen desmanteladas por los izquierdistas pueden revivir, asegurando que los aliados de Estados Unidos en la región sigan siendo fuertes, seguros y no se vean afectados por el caos.
Por último, es necesario hacer frente de frente al creciente dominio de China sobre América Central. Pekín no está construyendo puentes, sino creando influencia. Al promover los mercados libres y la prosperidad, Trump puede eludir las promesas huecas de China y exponer sus inversiones como las trampas de deuda que son. El presidente Trump debe ofrecer alternativas que no comprometan la soberanía y garantizar que Estados Unidos, no China, sea quien dé forma al futuro del hemisferio occidental.
El primer mandato de Trump marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Estados Unidos y Centroamérica. Las políticas de su administración reforzaron la seguridad regional, frenaron la migración y reforzaron el liderazgo de Estados Unidos. Un segundo mandato debe construir sobre esa base revirtiendo el daño infligido por la administración Biden con su apaciguamiento de los regímenes izquierdistas y su abandono de los aliados leales.
La estabilidad de Centroamérica no es sólo una preocupación regional, sino un imperativo de seguridad nacional. Lo que está en juego es claro: la subversión izquierdista sin control conducirá a más delincuencia, migración masiva y una menor participación de Estados Unidos en su propio hemisferio. Si responde decisivamente a las amenazas de Xiomara Castro y perdona a Hernández, Trump puede garantizar que “Estados Unidos Primero” signifique “Centroamérica Fuerte”.