El avión presidencial no fue donado sino comprado por Honduras, insiste el CNA

0
20

Tegucigalpa – Autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), reiteraron este jueves que el avión presidencial no fue una donación del gobierno de China Taiwán a Honduras, sino una compra por más de 1,077 millones de lempiras por el Estado del país centroamericano.

Melissa Medina, coordinadora de la unidad técnica de investigación, análisis y seguimiento de casos del Consejo Nacional Anticorrupción, sostiene que la operación de compra, amerita una denuncia que permita a los órganos competentes investigar.

Agregó que ya el CNA, interpuso la denuncia al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por las supuestas anormalidades encontradas tras las indagaciones. Confirmó además que ya se presentó la acusación ante la Fiscalía del Crimen Organizado del Ministerio Público.

¿Hubo algún reembolso de los gastos por la adquisición de dicho avión? se le consultó a Medina en Radio América y ella contestó: “en las investigaciones realizadas se constató que el pago total del avión se realizó con fondos de la tasa de seguridad y China Taiwán sólo hizo dos donaciones”.

La entrevistada detalló que una de ellas fue por un monto de 7 millones de dólares en el año 2014, pero, dos meses después del pago de la totalidad del avión presidencial y otra en el 2015 también por 7 millones.

Asimismo, refirió que “Taiwán para efectos de la compra de la aeronave le dio únicamente al Estado de Honduras 14 millones de dólares que representa aproximadamente 323 millones de lempiras, lo que no abona en mucho a los más de mil millones erogados hasta 2021”.

Insistió en que “todas estas donaciones salieron de la cuenta amigos de Honduras, es decir, de los fondos que venían de la Tasa de Seguridad. Los recursos eran alimentados de las aportaciones de los hondureños”.

Es oportuno decir que el Consejo Nacional Anticorrupción denunció que la nave era de segunda mano y contaba con más de 2,676 horas de vuelo cuando fue adquirida. La acción se dio pese a que la Ley de Contratación del Estado prohibía adquirir bienes usados.