El presidente Nayib Bukele aprovechó el discurso de su cuarto año de gobierno para anunciar que este día presenta a la Asamblea la propuesta para reducir los municipios de 262 a 44 municipios y de 84 diputados a 60.
El mandatario la llamó “propuesta para reorganizar la división política administrativa de El Salvador”. Dijo que los municipios actuales se convertirán en distritos.
“Solo tendremos 44 alcaldes con sus respectivos concejales. ¿Cómo es posible que en un territorio de 21,000 Km2 tengamos 262 municipios?”, manifestó Bukele.
Añadió que tampoco se despedirá a los empleados municipales, los que se van son los puestos de confianza. “Podrán seguir celebrando sus mismas fiestas de siempre”, aclaró el gobernante.
Dijo que esto reducirá la carga presupuestaria y permitirá hacer una distribución equitativa de los impuestos, así como realizar grandes obras que puedan beneficiar a los municipios.
Además, Bukele también anunció que pedirá reducir los diputados de la Asamblea, de 84 a 60.
Otro de los anuncios que hizo Bukele es que combatirán la corrupción así como han enfrentado las pandillas, según dijo, harán también una cárcel para los “corruptos”.
En ese contexto, anunció que el fiscal general, Rodolfo Delgado se encontraba durante esta noche allanando las propiedades del expresidente Alfredo Cristiani, esto sin detallar delitos.
Discurso a la Nación 🇸🇻 https://t.co/zJMr8HN7k6
— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 2, 2023
A favor y en contra
En medio de críticas, halagos y la renuncia de uno de sus funcionarios claves, el presidente Nayib Bukele, llegó esta noche al Salón Azul de la Asamblea Legislativa, para rendir el informe a la Nación de su cuarto año de gobierno.
El Diario Oficial del 25 de mayo publicó la renuncia de Álvaro O’Byrne, como director de la Dirección de Obras Municipales (DOM), la cual fue creada en 2021, para administrar los fondos que antes recibían las alcaldías de parte del Estado, pero que fueron concentradas en esa entidad. La DOM depende de la Presidencia.
Los preparativos en el Órgano Legislativo para la visita de Bukele comenzaron desde hace varios días. Al gobernante lo esperaba un escenario previo colmado de entrevistas a funcionarios de su gobierno, que explicarán a la ciudadanía los logros que, según el Ejecutivo, han obtenido en estos últimos 4 años.
Sin embargo, en días anteriores diputados de oposición, analistas políticos y organizaciones de la sociedad civil, han reclamado las deudas incumplidas por el mandatario salvadoreño y las consecuencias del alto endeudamiento y de las violaciones a derechos humanos por el régimen de excepción, entre otros.
Para el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, el presidente Bukele tiene a El Salvador en una crisis económica grave, sin empleo, a la agricultura sin ningún apoyo ni un plan de rescate, los servicios de energía y agua potable ahora son los más caros de la historia, y la educación totalmente en el olvido, pese a que éste último rubro fue una de sus principales apuestas.
Por si fuera poco, el diputado arenero dice que “este gobierno siente desprecio por los mayores de 60 años”, en alusión a que en el gobierno de Bukele eliminaron el beneficio de $50 mensuales que recibían los adultos mayores de las zonas de extrema pobreza del país y los masivos decretos de retiro voluntario para mandar a sus casas casi “obligados” a las personas mayores.
Entre las promesas incumplidas, Portillo Cuadra enumera las 5,200 escuelas que Bukele prometió construir, el Viaducto de Los Chorros, el Tren y el Aeropuerto del Pacífico.
El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright, señaló el deterioro a la democracia que los 4 años de gobierno de Bukele ha evidenciado.
“En estos cuatro años avanza sin mayor obstáculo el proyecto autoritario del presidente Bukele, mientras se deteriora la democracia y nuestras instituciones”, señaló.
Añadió que la convivencia pacífica se aleja cada vez más y se impone un Régimen permanente de confrontación.
“El diálogo político está al borde de la extinción, mientras el monólogo oficialista ha logrado tergiversar hasta la misma Constitución”, lamentó Wright.
La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, también hizo cuestionamientos. “El Ejecutivo probablemente no dirá: qué responsabilidad va a tomar el Estado ante las violaciones a derechos de gente inocente, cuál es el plan ante la crisis alimentaria que el país podría enfrentar”, criticó en entrevista con la Radio La Tribu.
Según la parlamentaria si bien entre la población hay una percepción de mayor tranquilidad por la reducción de homicidios, el gobierno no está trabajando en atacar las causas que han generado a las pandillas, por ejemplo, la marginación, la desigualdad, la falta de calidad de la educación, la falta de acceso a los servicios de salud, entre otros.
“Por esos daños, mal llamados ‘margen de error’, el Estado salvadoreño está realizando acciones que podrían llegar a considerarse crímenes contra la humanidad. El Ejecutivo hablará de que hay menos homicidios, pero ¿Va a explicar qué pasó con esa bebé que salió de (cárcel) Apanteos enferma y que un mes después falleció? ¿Qué responsabilidad va a asumir el Estado?”, se preguntó.
