El triunfo electoral del presidente Nasry Asfura hay que verlo con realismo y con visión de futuro. No hay que caer en una lectura que aprecie solamente el resultado coyuntural, sino considerarlo como la expresión de un proceso trascendente dentro del sistema político nacional. Desde un ángulo prospectivo, el triunfo del presidente Asfura genera incógnitas básicas acerca de la restauración política, la reconfiguración del poder y la viabilidad de un nuevo consenso social democrático en Honduras.

Tras el ciclo de dominación política sometido al discurso refundacional impulsado por el Partido Libre, el triunfo del presidente Asfura responde a la reacción social ante la decepción, el agotamiento político y la percepción de ausencia de cambios estructurales reales. Sin embargo, no hay que caer en esa apreciación simplista, porque omite un elemento clave: el voto no esencialmente es la expresión de adhesión ideológica, sino muchas veces un rechazo acumulado.

Por las razones anteriores, el ascenso al poder del presidente nacionalista no es una simple rotación democrática, más bien es una restauración política con matices complejos. Los nacionalistas arrastran consigo un problema estructural: la legitimidad. Su historia reciente está estigmatizada por señalamientos a procesos electorales, acusaciones de corrupción y socavamiento institucional, lo que pesa sobre la imagen del Partido Nacional.

Por consiguiente, la victoria obtenida no equivale automáticamente a estabilidad política. Al contrario, podría ser el inicio de una etapa de tensiones entre el mandato electoral y su aceptación social. En este sentido, viendo la situación en un plano prospectivo, se pueden perfilar ciertos escenarios posibles.

Primero, el escenario de una rehabilitación realista, en el cual el presidente Asfura asume el poder con un enfoque moderado, priorizando la estabilidad macroeconómica, la apertura a la inversión y la reconstrucción institucional. En este escenario, los nacionalistas se distancian de prácticas cuestionadas y buscan construir alianzas amplias; la clave sería la capacidad de aprender de sus errores históricos.

Segundo, el escenario de una reposición del estado previo, en el que el presidente asume el poder sin autocrítica y reproduce prácticas clientelares, concentración de poder y debilitamiento democrático. En este caso, se profundizaría la desconfianza ciudadana y surgiría una nueva crisis de legitimidad, abriendo espacios a conflictos sociales y políticos.

Tercero, el escenario de una gestión condicionada, donde el gobierno del presidente Asfura está limitado por una oposición activa, una sociedad civil vigilante y un entorno internacional atento. Aquí, la capacidad de maniobra del mandatario sería restringida, obligándolo a una gestión más negociada y menos hegemónica.

Más allá de estos escenarios, el verdadero desafío del presidente Asfura radica en la transformación del sistema político hondureño. En fin, su triunfo solo tendrá valor histórico si logra redefinir las reglas del juego democrático: fortalecer la institucionalidad, garantizar la transparencia electoral y construir la confianza ciudadana.

En última instancia, la interrogante no es si el Partido Nacional puede ganar la siguiente elección, sino si está en condiciones de gobernar de manera distinta. La prospectiva política no se limita a anticipar resultados, sino a evaluar capacidades, y en el caso de Honduras, el futuro seguirá dependiendo menos de quién gane y más de cómo gobierne.

En su mensaje, Caro resaltó el respaldo popular e internacional con el que contó el presidente, pero advirtió que dicha responsabilidad requiere un compromiso firme hacia la democracia, el Estado de derecho y la soberanía nacional.

Caro recordó que la victoria del presidente no solo fue el reflejo de la voluntad del pueblo, sino también del sacrificio de millones de hondureños que defendieron la libertad y la democracia, tanto dentro como fuera del país. «Gobernar implica escuchar, pero también tener claridad de rumbo», afirmó, haciendo énfasis en que el pueblo espera coherencia y transparencia en la toma de decisiones del gobierno.

La analista hizo un llamado a priorizar el nombramiento de funcionarios basados en mérito, capacidad y un compromiso genuino con el bienestar de la nación, y evitar decisiones que puedan generar desconfianza o debilitar las instituciones. Asimismo, pidió que el presidente presente un plan de gobierno sólido, alineado con las necesidades reales del pueblo, y fortalezca su equipo con personas leales a los principios democráticos.

En su mensaje, Caro concluyó reiterando su apoyo al éxito del gobierno, pero recalcó que dicho éxito solo será alcanzado si se gobierna con firmeza, coherencia y un respeto absoluto al mandato popular. «Honduras necesita liderazgo, no concesiones. Unidad, no ambigüedad. Y compromiso real con la nación», señaló, haciendo un llamado a la unidad y al fortalecimiento del liderazgo en el país.

América Latina ya no avanza como bloque. La región se está partiendo en dos trayectorias cada vez más claras: por un lado, países exportadores de energía y alimentos que se benefician del entorno global; por el otro, economías dependientes de importaciones que enfrentan inflación persistente, presión cambiaria y menor margen fiscal. Honduras pertenece, sin ambigüedad, a este segundo grupo.

Esta divergencia no es pasajera. Está redefiniendo la estructura económica y política de la región, debilitando la coordinación y ampliando las brechas entre países que, hasta hace poco, compartían dinámicas similares. En este nuevo mapa, la diferencia clave no es ideológica, sino material.

Los países con recursos estratégicos acumulan poder económico y capacidad de negociación, mientras que los más expuestos a los shocks externos ven reducirse su margen de maniobra. Esto tiene consecuencias directas en comercio, inversión y posicionamiento geopolítico.

Honduras entra a esta etapa desde una posición frágil. Su dependencia energética, su limitada diversificación productiva y su exposición a precios internacionales la colocan en el lado más vulnerable de la ecuación. Como se ha señalado, el país ha demostrado una notable capacidad de resistencia frente a crisis sucesivas, pero esa resistencia ha sido acompañada por un deterioro gradual de sus capacidades institucionales y económicas .

El riesgo no es un colapso inmediato. Es algo más silencioso y, por eso mismo, más peligroso: la pérdida progresiva de relevancia. En una región que se fragmenta, los países que no fortalecen su posición relativa quedan rezagados en cadenas de valor, pierden capacidad de atraer inversión y terminan reaccionando a dinámicas externas en lugar de influir en ellas. No dejan de funcionar. Simplemente dejan de importar.

Evitar ese escenario exige decisiones claras. La primera es tratar la seguridad energética como un asunto estratégico, no técnico. Mientras Honduras dependa de combustibles importados, cada alza internacional seguirá traduciéndose en inflación interna, presión sobre el tipo de cambio y menor competitividad. Reducir esa vulnerabilidad requiere abrir el sector a inversión, diversificar la matriz energética y eliminar barreras regulatorias que hoy limitan la expansión de alternativas más estables.

La segunda es redefinir su inserción económica. En una América Latina fragmentada, no todos los países pueden competir en todo, pero sí pueden posicionarse inteligentemente en sectores específicos. Honduras tiene una ventana en manufactura ligera, agroindustria Macias: 04-02-2026 2 y servicios vinculados al nearshoring, pero aprovecharla implica algo más que discurso: requiere infraestructura funcional, reglas claras y seguridad jurídica creíble. El tercer frente es geopolítico. A medida que la región se vuelve más desigual, también se vuelve más disputada. La competencia entre potencias por influencia económica y estratégica se intensifica, y los países con menor capacidad interna corren el riesgo de quedar atrapados en dependencias unilaterales. Honduras necesita una política exterior pragmática que diversifique alianzas y maximice oportunidades sin reducir su margen de decisión. Nada de esto es viable sin capacidad fiscal. Un Estado sin recursos no puede invertir, amortiguar crisis ni sostener políticas de desarrollo. Recuperar margen fiscal —ampliando la base tributaria y mejorando la eficiencia del gasto— no es solo una necesidad interna, sino una condición para competir en un entorno externo más exigente. El error sería interpretar este momento como una crisis más.

No lo es. Es un cambio estructural en la forma en que la región funciona. Honduras ha aprendido a resistir. Pero en una América Latina que se divide, resistir ya no alcanza. Adaptarse no es una opción ambiciosa; es la única forma de no quedar atrapado en una estabilidad que, en realidad, es estancamiento.

Estamos atravesando un momento decisivo de nuestra historia política, en la que no basta con administrar la coyuntura ni responder a las urgencias inmediatas. El nuevo presidente debe gobernar proyectando un horizonte de transformación que trascienda el corto plazo y se traduzca en cambios estructurales capaces de alterar las bases mismas del desarrollo. Sin embargo, lo que observamos al día de hoy, es preocupante porque percibimos que la ausencia de la visión estratégica, tiende a sustituirse por decisiones pragmáticas reactivas con mirada corta. Da la impresión, que la noción de cambio estructural es tomada en consideración con bajo nivel de aceptación.

O sea, la voluntad política para intervenir las raíces de los problemas del atraso tales como: la desigualdad persistente, la incapacidad institucional, la baja productividad, la informalidad económica y la fragilidad del Estado de derecho, no es prioridad inmediata. El inicio de reformas profundas en el sistema educativo, en la política fiscal, en el modelo productivo y en la edificación institucional se ven nubladas.

Si bien se han anunciado algunas modificaciones en algunas instituciones y otras que han sido canceladas, no hay señales de una atención política enfocada en atacar defectos estructurales que obstaculizan el desarrollo económico, social y cultural de Honduras. No se mencionan para nada los cambios en el corto plazo que se proponen realizar en la estructura económica, en la estructura social y menos en la estructura cultural.

Las políticas públicas que hasta ahora se han puesto sobre la mesa, no parecen responder a un plan integral de desarrollo. Es más, se constata la falta de sinergia que potencie la articulación entre los sectores económico, social e institucional para lograr impactos. Más bien las señales a la vista indican que aún se están aplicando acciones desarticuladas que no reflejan una dirección estratégica clara. Se sabe que hay un mejor uso político de los recursos públicos, lo cual, va a mejorar el destino del gasto y han puesto coto al uso del presupuesto como herramienta clientelar y piensan mejorar poco a poco la movilidad social.

El nuevo presidente tiene que enfocarse con mayor voluntad política en el rumbo económico que vamos a tener en Honduras en los próximos años. Dar luz sobre el enfoque de largo plazo que debemos tener. Dar señales reales de cómo van a superar los desequilibrios precarios y generar las condiciones necesarias para impulsar los cambios reales. En definitiva, la ausencia de visión de cambios estructurales es una debilidad que el gobierno debe evitar y establecer la pauta para tener un crecimiento inclusivo y sostenido.

No se trata de caer en promesas que no se vayan a cumplir ni tampoco en reformas superficiales. Hay que abordar los problemas estructurales y dar evidencias, con metas claras, indicadores medibles y mecanismos de rendición de cuentas. El futuro de nuestra nación depende de la capacidad del liderazgo democrático de los lideres que, hoy por hoy, tienes el poder. La capacidad existe para comprender que, sin reformas profundas, no hay progreso sostenible posible. El pragmatismo político con visión de cambio estructural es una magnifica ecuación de desarrollo nacional.

En medio de los procesos de reestructuración estatal, hay funciones que pueden transformarse, optimizarse o incluso eliminarse. Sin embargo, la protección consular no es una de ellas. No se trata de un servicio accesorio, sino de una obligación jurídica y moral del Estado hacia sus ciudadanos, especialmente aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad fuera de sus fronteras.

La protección consular constituye un pilar esencial del derecho internacional y de la responsabilidad estatal. Instrumentos como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares establecen claramente el deber de los Estados de asistir y proteger a sus nacionales en el exterior. Este mandato no es opcional ni sujeto a criterios de conveniencia política o administrativa. Es, en esencia, una extensión de la dignidad humana más allá del territorio nacional.

En el caso de Honduras, donde miles de ciudadanos residen en el extranjero muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad, la protección consular adquiere una dimensión aún más crítica. No se trata únicamente de la emisión de documentos o de trámites administrativos. Se trata de acompañar a personas detenidas, asistir a víctimas de abuso, orientar a familias en situaciones de emergencia y garantizar que ningún hondureño se encuentre completamente desamparado fuera de su país.

Por ello, cualquier intento de debilitar, reducir o desarticular los servicios de protección consular bajo el argumento de una reestructuración institucional representa un riesgo significativo. No solo desde el punto de vista operativo, sino desde una perspectiva profundamente humana. Cuando el Estado se retira o disminuye su presencia en este ámbito, quienes realmente pagan las consecuencias son los ciudadanos más vulnerables.

La reestructuración del Estado puede ser necesaria para mejorar la eficiencia, reducir costos o modernizar instituciones. Sin embargo, estas transformaciones deben realizarse bajo un principio fundamental: no sacrificar derechos esenciales en nombre de la eficiencia administrativa. La protección consular no puede ser vista como un gasto prescindible, sino como una inversión en dignidad, seguridad y confianza institucional.

Además, el debilitamiento de estos servicios genera un efecto colateral que rara vez se menciona: la ruptura del vínculo entre el ciudadano y su Estado. Para muchos migrantes, el consulado representa el único rostro visible de su país de origen. Es el espacio donde aún pueden sentirse reconocidos, escuchados y protegidos. Reducir su capacidad operativa equivale, en muchos casos, a cortar ese último lazo de pertenencia.

Otro elemento clave en esta discusión es el rol del personal consular. La protección efectiva no depende únicamente de estructuras institucionales, sino de personas capacitadas, sensibles y comprometidas con su labor. Desprofesionalizar, reducir o sobrecargar a estos equipos impacta directamente en la calidad de la atención y, en consecuencia, en la vida de quienes dependen de estos servicios.

Asimismo, no puede ignorarse el derecho a la información de las familias. Cuando un ciudadano enfrenta una situación crítica en el extranjero, sus familiares en Honduras dependen en gran medida de la gestión consular para obtener respuestas. La opacidad, la lentitud o la falta de comunicación no solo agravan la situación, sino que generan angustia e incertidumbre innecesarias.

Frente a este panorama, es indispensable replantear el enfoque. La reestructuración del Estado debe ser una oportunidad para fortalecer no debilitar la protección consular. Esto implica invertir en capacitación, mejorar los canales de comunicación, incorporar herramientas tecnológicas y, sobre todo, adoptar una visión centrada en la dignidad humana.

La protección consular no es un privilegio. Es un derecho. Y como tal, debe ser garantizado sin excepciones. En tiempos de cambio, es precisamente cuando los Estados deben reafirmar su compromiso con los principios que los definen. Entre ellos, la responsabilidad indelegable de proteger a sus ciudadanos, sin importar dónde se encuentren.

Porque al final, la verdadera medida de un Estado no se encuentra en su capacidad de reorganizarse, sino en su capacidad de respuesta y en su voluntad de no abandonar a los suyos.

Durante décadas, Honduras ha esperado que las soluciones contra la corrupción vengan desde arriba o desde afuera. Se han impulsado reformas, se han creado instituciones y se han depositado esperanzas en iniciativas internacionales como la CICIH. Sin embargo, la corrupción persiste.

No porque falten leyes, sino porque falla algo más esencial: su aplicación efectiva. Esto obliga a replantear el problema. ¿Y si la dificultad no está en el marco legal, sino en la ausencia de incentivos reales para hacerlo cumplir? Imaginemos un sistema distinto. Uno en el que cualquier ciudadano pueda denunciar actos de corrupción con evidencia, y si esa denuncia conduce a una condena y a la recuperación de fondos públicos, el denunciante reciba un porcentaje de lo recuperado.

No se trataría de un reconocimiento simbólico, sino de un incentivo económico concreto. Esta es la lógica detrás de una propuesta que podría denominarse CICAH: Comisión de Incentivos Contra la Corrupción en Honduras. Aunque la idea puede parecer disruptiva, tiene precedentes claros.

En Estados Unidos, la False Claims Act permite que ciudadanos que denuncian fraude contra el Estado reciban entre el 15% y el 30% de los fondos recuperados, lo que ha resultado en miles de millones de dólares restituidos al erario. En California, la ley PAGA autoriza a particulares a hacer cumplir normas laborales cuando el Estado no lo hace. Ambos modelos comparten un principio: cuando el Estado no puede garantizar el cumplimiento de la ley por sí solo, es necesario habilitar a la ciudadanía para que participe activamente en su ejecución.

Honduras no carece de normas anticorrupción. Lo que enfrenta es un problema de capacidad institucional, limitaciones de recursos y, en algunos casos, falta de independencia. En este contexto, denunciar corrupción suele implicar riesgos personales sin una expectativa real de resultado. Así, la corrupción termina operando como una actividad de bajo riesgo y alta recompensa.

Un esquema como CICAH busca invertir esa lógica. Bajo este modelo, un ciudadano podría presentar una acción formal por actos de corrupción. El Ministerio Público tendría la primera oportunidad de intervenir; pero si no actúa dentro de un plazo razonable, el denunciante, con representación legal, podría continuar el proceso. En caso de éxito, una parte de los fondos recuperados —por ejemplo, entre el 10% y el 30%— se asignaría al denunciante, mientras el resto retornaría al Estado.

Macias: 04-01-2026 2 Es previsible que surjan objeciones. Una de ellas es el riesgo de denuncias infundadas. Sin embargo, este problema puede mitigarse mediante requisitos probatorios iniciales, sanciones por actuaciones de mala fe y control judicial. Otra crítica sostiene que la justicia no debería estar asociada a incentivos económicos. No obstante, en la práctica actual, la corrupción ya genera beneficios económicos; la diferencia es que hoy estos beneficios se concentran exclusivamente en quienes infringen la ley.

La propuesta no pretende sustituir al Estado, sino reforzarlo mediante un mecanismo que amplíe la capacidad de detección y persecución de la corrupción. Al introducir incentivos alineados con el interés público, se crea un sistema en el que más personas tienen razones para actuar. Honduras ha dedicado años a buscar la institución adecuada para combatir la corrupción. Tal vez el siguiente paso no sea esperar una nueva estructura, sino diseñar un modelo en el que la propia ciudadanía forme parte activa de la solución.

El estreno que se dio del Juicio Político con el ahora ex Fiscal General de la República, ya es historia. Sin embargo es una realidad que Johel Antonio Zelaya, conforme a la Ley Especial de Juicio Político, pasó innegablemente ante la Comisión Especial Investigadora por un tratamiento distinto del que la Constitución y la Ley garantizan para preservar el derecho constitucional a la defensa en favor de los investigados.

Basta con revisar la forma con que el proceso investigativo fue conducido por la referida Comisión: 1) sus miembros, más que intentar escuchar al exfiscal sobre los asuntos comprendidos en la acusación por la que se le sometió al juicio, hacían como suyas cada una de las denuncias, con las que revistieron con una modalidad inquisidora la audiencia celebrada en la que se le sometió al juicio; 2) gran parte de las preguntas formuladas se desmarcaron de los temas específicos comprendidos en las denuncias,  con las que se aprobó el respectivo juicio político; 3) aun cuando la Ley establece hasta un máximo de 48 horas para que el denunciado comparezca ante la Comisión Especial Investigadora, el exfiscal fue citado con demasiada premura para comparecer en un término de menos de 24 horas, y fue hasta en el momento de su comparecencia que se le puso oficialmente en conocimiento del contenido de las denuncias, violentándole con ello la garantía constitucional de su derecho a la defensa y a la aportación de pruebas en descargo suyo; 4) aunque la Ley establece un término de hasta 30 días a la Comisión para rendir su informe al pleno del Congreso, se observó en la Comisión una prisa para rendir ese informe al día siguiente de la audiencia… ello inevitablemente dio la sensación, en quienes seguimos el curso y secuencia del proceso, de que ese informe pudo estar ex profesamente preparado en forma anticipada; 5) aun cuando hubiere suficiente justificación para promoverle el juicio político al que fue sometido, se manejó tal proceso como un ajusticiamiento en lugar del juzgamiento que debió efectuarse conforme a la Constitución y a la Ley.

Después de lo acontecido con el exfiscal, vino el juicio político pretendido contra la ahora expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el que a última hora fue desestimado en virtud de que la expresidente interpuso (negoció) su renuncia obligada del cargo de presidente de la Corte sosteniéndose únicamente en su cargo de magistrada de ese más alto tribunal de justicia. Con la aceptación de tal renuncia, el diputado presidente del Congreso dispuso someter a aprobación una moción del señor Jorge Calix, para nombrar “presidente interino” de la CSJ al magistrado Wagner Vallecillo Paredes, mientras el Pleno se llegaba a reunir para seleccionar entre ellos al presidente en propiedad quien seguidamente debería ser propuesto al Congreso Nacional para su elección.

No nos mueve ni podríamos interiorizar -en lo que llamamos segundo episodio del Juicio Político- sobre las causales que no llegaron a hacerse públicas y que pudieron servir de argumento para haberse ordenado juicio político contra la expresidente Rebeca Lizette Ráquel Obando.  Pero sí nos llama poderosamente la atención la forma en que se resolvió este “conato” de juicio político que se le quiso recetar: 1) desempeñándose Raquel Lizett como funcionaria pública en dos cargos constitucionalmente reconocidos, como magistrada y como presidente de la CSJ, el Congreso Nacional -por la forma que dispuso poner fin a este conflicto- nos deja la sensación que solamente como presidente de la CSJ Raquel Lizett era “estorbo” para el Congreso, y que como simple magistrada no les significaba estorbo alguno; 2) que, dado lo anterior, el Congreso Nacional reprochaba la conducta de Raquel Lizett no como magistrada sino sólo como presidente de la Corte, con lo que deja ver que el juicio político que se le pretendía no era contra su desempeño en esos cargos (magistrada y presidente) sino más bien contra  la ostentación (no el desempeño) del cargo específico de presidente de la CSJ… ese era el único cargo que realmente le interesaba al Congreso Nacional; 3) derivado de lo anterior es fácilmente deducible que lo que pretendía el Congreso Nacional con el abortado juicio político contra Rebeca Lizett no era sancionar su conducta como funcionaria del Estado sino que despojarla de su cargo de presidente de la CSJ; en otras palabras el Congreso Nacional no perseguía la conducta oficial de Rebeca Lizzet como funcionaria del Estado… perseguía solamente su cargo (no a ella) como Presidente de la Corte que hasta ese momento estaba ejerciendo; 4)  en conclusión: desde el Congreso Nacional -en este caso particular de Rebeca Lizett Ráquel Obando- hubo una evidente maquiavélica manipulación de la Ley Especial de Juicio Político, para el interés único del actual partido de gobierno a través de la bancada nacionalista y la complicidad de las otras bancadas que le apoyaron, únicamente para despojarle del cargo de presidente de la CSJ que le tocaba desempeñar por siete años y que concluirían en 2030. Lo de la renuncia negociada y aceptada a la magistrada Rebeca Lizett Ráquel Obando nos deja, para no pasarlo por inadvertido, otra revelación: cómo desde el Congreso Nacional se repite -en ese poder del Estado- lo que continuamente se señaló y censuró sobre la forma en que se condujo el Congreso en el cuatrienio anterior!!!. Veamos….

El artículo 315 constitucional nos dice que el presidente de la Corte Suprema de Justicia será seleccionado por el Pleno de sus magistrados, 24 horas después de la elección de dichos magistrados y con el voto favorable de dos tercios de sus miembros; proponiéndolo al Congreso Nacional para su elección como tal.  Es decir que primero el Pleno de la Corte lo selecciona para que posteriormente el Congreso Nacional lo elija.

Insólitamente -y en nada dispuesto en la Constitución- sucedió que el señor Jorge Calix mocionó -y el diputado presidente del Congreso dispuso su votación- para que “interinamente” se eligiera presidente de la CSJ al magistrado Wagner Vallecillo Paredes, mientras el Pleno se reunía para seleccionar entre sus 15 miembros al magistrado a proponer al Congreso para su elección definitiva.

(Nos enteramos que ya el Pleno de la CSJ seleccionó por pura coincidencia al magistrado Vallecillo para ser posteriormente elegido por el Congreso Nacional)… Y nos preguntamos: 1) ¿dónde, dentro del texto constitucional, está facultado en Congreso Nacional para elegir “interinamente” como presidente a alguno de los magistrados de la CSJ?; 2) ¿qué habría pasado si el Pleno de la CSJ hubiera optado por seleccionar a otro de sus magistrados, distinto de Wagner Vallecillo Paredes para el cargo de presidente de la CSJ?; 3) ¿fue acaso la moción presentada por el señor Jorge Calix una imposición al Poder Judicial para que los magistrados de la CSJ se vieran obligados a seleccionar, como presidente a ser elegido por el Congreso Nacional, a no otro que al magistrado Vallecillo Paredes?; 4) acaso no debió ser el verdadero procedimiento legal, a la luz de nuestra carta magna y en consonancia con el segundo párrafo del 315 constitucional, que dentro de las 24 horas de habérsele aceptado la renuncia a Rebeca Lizett el Pleno se hubiera reunido –sin presión ni imposición alguna– para seleccionar a su candidato a presidente, para que después de comunicárselo al Congreso Nacional  este poder del Estado lo eligiera?; 5) ¿cómo podemos seguir criticando la conducta oficialista del Congreso Nacional del cuatrienio anterior, si el actual oficialismo en el Congreso viene a hacer lo mismo que como oposición criticó y denunció en aquel momento? 6) ¿acaso no es cierto que con la inconstitucional decisión de elegir un presidente interino en la Corte, con ello se violentó la independencia de los poderes del Estado que impone la Constitución en su artículo 4 y se violentó también la disposición constitucional del artículo 315 en su segundo párrafo?; 7) ¿acaso también, con esa decisión del interinato, no quedó en evidencia la subordinación del poder Judicial, con la que se le impuso el Congreso y en violación al ya referido artículo 4 constitucional?

Y con ese rumbo politiquero que se le quiere dar al Juicio Político, debemos responsablemente preocuparnos, sin excusa alguna, de lo que está aconteciendo en nuestro mundo político. No sea que la oposición política de cualquier época cuando llegue al poder, manipulando en interés propio la Ley Especial de Juicio Político, quiera sacudirse a cualquier funcionario público que deba constitucionalmente completar, en el ejercicio de su cargo, el período constitucional para el que fue elegido.

Que el señor Jorge Calix y el diputado presidente del Congreso Nacional nos expliquen por qué deliberadamente violentaron la Constitución de la Republica al imponer un procedimiento no contenido en la Carta Magna y, mucho peor, en contradicción a lo que dispone en su segundo párrafo en artículo 315 constitucional, imponiendo en este caso un “presidente interino” a la CSJ cuando el Congreso Nacional no está constitucionalmente autorizado para ello, ni para tratar subordinadamente al Poder Judicial tal como realmente ocurrió con la renuncia de Rebeca Lizett Ráquel Obando.

Que el pueblo, y quienes por vocación profesional son llamados a forjar opinión pública, no nos volvamos indiferentes ante estos sucesos que pudiéndoseles considerar como indicio racional, sean el inicio de un proyecto de gobierno que se nos quiera recetar en este cuatrienio, con efectos antidemocráticos e inconstitucionales, con sabor también a dictadura; tal cual sucedió durante los doce años del Partido Nacional hecho gobierno.

Dios proteja a nuestra querida Honduras.

La gobernanza democrática hondureña en la actualidad, enfrenta el desafío de concretar la postura pragmática, con resultados visibles que demuestren el avance hacia transformaciones perceptibles en la vida de los ciudadanos. El pragmatismo que pregona el presidente Asfura, es una herramienta idónea para impulsar cambios estructurales, sin sacrificar la estabilidad democrática. Entonces, importa que la ciudadanía no confunda esa postura con oportunismo ni con renuncia a los valores. Por el contrario, la nueva gobernanza democrática debe demostrar una mayor capacidad para poner en marcha acciones estrategias de cambio, estableciendo negociaciones con agentes económicos clave de la economía y con interés por priorizar resultados posibles dentro de las limitaciones institucionales que se enfrentan. Bajo el sistema de dominación política democrático que ahora tenemos, el poder aún es fragmentado y sujeto al sostenimiento del equilibrio político; lo cual significa que, para realizar reformas profundas, se requieren establecer consensos, aceptar ceder en aspectos secundarios y avanzar de forma gradual pero sostenida. Dado que el cambio estructural significa la modificación de los cimientos económicos, sociales e institucionales que perpetúan la desigualdad, la exclusión y el subdesarrollo, no se deben ejecutar medidas superficiales ni reformas cosméticas, pero sí intervenciones que reconfiguren la distribución del poder, los recursos y las oportunidades. Es inadmisible apelar a las imposiciones abruptas o rupturas radicales bajo el nuevo contexto democrático. La gobernanza socialista demostró que por no lograr transformaciones duraderas ni demostrar resultados en los procesos acumulativos, negociados y legitimados socialmente, perdieron el rumbo de la refundación que quisieron instaurar.

Por tanto, el pragmatismo político que pregona el nuevo presidente Asfura, es como un puente entre la aspiración transformadora y la viabilidad institucional. Pues permite traducir proyectos ambiciosos en políticas públicas concretas y alinear voluntades diversas en torno a objetivos comunes. Igualmente, facilita una gobernabilidad que evita la polarización extrema y reduce los costos de implementación de las reformas. Obviamente, que el pragmatismo del presidente Asfura, también enfrenta riegos. Sí se desvirtúa la postura pragmática, puede degenerar en una política sin rumbo, donde la búsqueda de acuerdos sustituye la claridad de propósitos. En otras palabras, el pragmatismo que promueve el presidente Asfura sin una visión lo hará terminar de administrador del status quo en lugar de transformarlo. Por esa razón, el desafío de la nueva gobernanza democrática consiste en equilibrar flexibilidad táctica con firmeza estratégica, es decir, saber negociar sin perder el horizonte de cambio.

En nuestro país, donde nuestra democracia sobrevive con profundas desigualdades estructurales, lograr el equilibrio es particularmente complejo. Las demandas sociales son urgentes, mientras que las capacidades estatales son limitadas y el sistema político fragmentado.

En consecuencia, necesitamos un pragmatismo político que entienda la diferencia entre un gobierno que promete cambios imposibles y aquellos que, paso a paso, logran transformaciones reales. En Honduras podemos ver ilustradas tales tensiones. El pragmatismo democrático, debe realizar un cambio estructural con la capacidad para articular consensos amplios, sin concentrar el poder que puede limitar el alcance de las reformas y caer en la discordancia entre pragmatismo transformador y la practica gubernamental. Es por eso, que el liderazgo en tiempos democráticos no puede recaer en el discurso radical, sino en la eficacia de las decisiones. Necesitamos un pragmatismo político orientado sobre la base de una visión clara de país, que le permita avanzar haciendo cambios estructurales sin dañar la legitimidad democrática. No se trata de contraponerse al ideal pragmático, sino canalizarlo con inteligencia.

Si en la gobernanza refundacional socialista fracasaron por no convertir la inversión y el empleo en el motor esencial para el desarrollo nacional, con el nuevo gobierno democrático, la relación entre inversión y empleo necesariamente tiene que constituirse en el principal pilar fundamental del desarrollo. Pasamos cuatro años bajo una gobernanza en la cual no floreció la inversión, fuese publica o privada, nacional o extranjera y los procesos productivos que dinamizan los mercados, amplían las oportunidades laborales y fortalecen las bases del bienestar social, se estancaron. Hoy por hoy, con la gobernanza democrática deben activarse, de lo contrario, continuará el estancamiento y el desaliento, la economía no tendrá dinamismo, el desempleo se va a expandir y la ciudadanía hondureña de nuevo va a sufrir la erosión de sus expectativas.

Para Nasry Asfura, la inversión debe significar esencialmente, tomar la decisión de destinar recursos al desarrollo de actividades productivas con el propósito de generar valor. Lo cual implica, aplicar una política que conciba cómo establecer empresas, ampliar las industrias existentes, impulsar la modernización tecnológica, dinamizar la construcción de infraestructura y fortalecer cadenas de producción. Obviamente, para lograrlo necesita capital humano, lo que ciertamente se traduce en nuevas oportunidades de empleo. Bajo la gobernanza democrática, el enfoque económico debe consistir en convertir la inversión en un efecto multiplicador, para lograr que las empresas instalen plantas industriales, se pueda establecer un centro logístico para ampliar la capacidad productiva, porque en la medida que se generan empleos directos para trabajadores, técnicos y profesionales, igualmente, se impulsan empleos indirectos en sectores como el transporte, el comercio, la construcción, los servicios financieros y el suministro de insumos. En otras palabras, para el nuevo presidente de ideología democrática, las inversiones constituyen la manera de desencadenar un amplio desarrollo, porque al fortalecer las actividades económicas, se benefician amplios sectores sociales. Honduras es un país en desarrollo, en el cual, la importancia de la inversión decayó con la asunción del Partido Libre al poder de forma lamentable. Deprimieron la economía con mercados laborables frágiles y aumentaron los niveles de informalidad que requieren continuamente nuevas fuentes de empleo formal con estabilidad, seguridad social y oportunidades de progreso. De tal manera, que la inversión productiva debe convertirse en un instrumento esencial para combatir la pobreza, reducir la desigualdad y fortalecer la cohesión social. Con desarrollar el clientelismo político como lo hicieron los socialistas refundacionales, hundimos la economía hondureña. Por tanto, se tienen que fortalecer las condiciones institucionales con normas claras que generen confianza para que florezcan las inversiones. Necesitamos estabilidad jurídica, respetar la propiedad privada, tener transparencia administrativa, establecer la seguridad ciudadana y hacer fácil la previsibilidad de las políticas económicas, porque son factores decisivos que influyen en las decisiones de los inversionistas. No hay que caer en su debilitamiento tal como ocurrió con la gobernanza refundacional socialista, al punto, de retraer el capital y hacer que busque destinos más seguros.

El papel del Estado es fundamental. Si el gobierno da signos de irresponsabilidad o promueve un entorno político desfavorable al aplicar políticas publicas abusivas y corruptas, van a alejar la inversión y desestimular la actividad productiva. Por el contrario, hay que simplificar tramites administrativos, fortalecer el sistema educativo para formar capital humano competitivo y garantizar reglas de juego estables para todos los sectores económicos. En fin, la nueva gobernanza democrática, necesita construir un clima de confianza que posibilite atraer inversiones sostenibles, y orientar la inversión hacia sectores estratégico como son: la industria, agroindustria, tecnología, turismo sostenible y energía, para hacer que el impacto sobre el empleo sea mayor.

En el complejo tablero de la geopolítica mundial, pocas cosas ocurren por azar. La actual crisis en el Estrecho de Ormuz, lejos de ser un estallido espontáneo de inestabilidad, muestra señales de una dinámica mucho más calculada. Como ha sugerido el analista José Luis Cava, lo que estamos presenciando podría responder menos al caos que a un delicado equilibrio entre las grandes potencias. Más que un conflicto descontrolado, el episodio parece encajar dentro de un acuerdo tácito entre los principales actores del sistema internacional: Estados Unidos, China y Rusia.

La primera gran paradoja que emerge es la dependencia tecnológica y militar entre rivales estratégicos. Resulta casi inverosímil que Estados Unidos, en su intento por reforzar sus capacidades industriales y militares, dependa en gran medida de su principal competidor geopolítico: China. Las cifras son reveladoras. Aproximadamente el 80 % del tungsteno utilizado en el mundo —fundamental para municiones, blindajes y herramientas industriales— proviene del gigante asiático. China también controla cerca del 98 % del refinado de galio, material clave para chips utilizados en radares y sistemas GPS, así como una parte sustancial del germanio, indispensable para comunicaciones avanzadas, sensores y tecnologías militares.

Esta realidad introduce una paradoja estratégica central del siglo XXI: mientras las potencias compiten por la supremacía tecnológica y militar, sus cadenas de suministro permanecen profundamente entrelazadas.

En ese contexto, la crisis en el Estrecho de Ormuz adquiere una dimensión distinta. El bloqueo parcial o la interrupción de una de las rutas energéticas más importantes del planeta no solo altera el flujo de petróleo; también redefine las relaciones de poder en los mercados energéticos globales.

Uno de los efectos más evidentes es el desplazamiento del petróleo iraní que China ha adquirido durante años a precios reducidos, muchas veces al margen de las sanciones occidentales. Si esa vía logística se complica, el mapa energético cambia inmediatamente.

Al mismo tiempo, Estados Unidos emerge como un beneficiario indirecto del nuevo escenario. La revolución energética del shale ha convertido al país en uno de los mayores productores de petróleo y gas del planeta. En un contexto de incertidumbre en el Golfo Pérsico, el crudo estadounidense y sus exportaciones energéticas ganan relevancia estratégica. A ello se suma el mercado del gas natural licuado, donde Estados Unidos se ha consolidado como uno de los principales exportadores globales.

En este tablero energético aparece también otra pieza relevante: Venezuela. Durante años, el país sudamericano ha poseído una de las mayores reservas de petróleo del planeta, pero su producción se ha visto limitada por sanciones, crisis institucional y falta de inversión. La eventual normalización de su industria energética podría reconfigurar parte del mapa petrolero hemisférico, ampliando las fuentes de suministro disponibles para Occidente en un momento de creciente competencia global por la energía.

Pero el petróleo es solo una parte de la ecuación. El mercado del gas natural licuado y el de los fertilizantes amplían el alcance del impacto. Si las rutas energéticas del Golfo se vuelven más inciertas, potencias asiáticas como India se ven obligadas a diversificar sus fuentes de suministro. En ese escenario, el gas estadounidense gana terreno. Al mismo tiempo, el encarecimiento del gas afecta la producción de fertilizantes, un insumo crítico para la agricultura global, lo que puede alterar también los flujos del comercio alimentario.

Rusia, por su parte, tampoco queda al margen de los beneficios de esta dinámica. Un aumento sostenido en los precios del petróleo fortalece sus ingresos fiscales y mejora la posición de sus exportaciones energéticas. Además, en los últimos meses se han producido señales de relajamiento parcial en algunos regímenes de sanciones económicas, lo que abre nuevas oportunidades para que Moscú recupere espacio en los mercados energéticos internacionales. En paralelo, proyectos estratégicos como los gasoductos que conectan Siberia con China adquieren mayor relevancia en un mundo donde las rutas marítimas pueden verse comprometidas. En conjunto, estos factores consolidan a Rusia como uno de los beneficiarios indirectos de cualquier alteración prolongada en las rutas energéticas del Golfo.

China enfrenta una situación más ambivalente. Como mayor importador de energía del planeta, cualquier interrupción en el Golfo encarece sus costos industriales. Sin embargo, el país ha dedicado años a prepararse para escenarios de tensión, acumulando reservas estratégicas de carbón, gas y petróleo, además de invertir en rutas energéticas alternativas a través de Asia Central y Rusia.

Para los mercados financieros, la lectura del episodio ha sido sorprendentemente contenida. A pesar de la volatilidad en el petróleo, las bolsas han mostrado resiliencia. Los mercados de futuros sugieren que los inversionistas interpretan la crisis como una perturbación relevante pero posiblemente temporal. La estructura de precios del crudo refleja esa expectativa, con señales de que el mercado anticipa una eventual normalización del suministro.

En última instancia, lo ocurrido en el Estrecho de Ormuz revela un cambio más profundo en la lógica del poder global. Las rivalidades entre potencias continúan, pero cada vez más se desarrollan dentro de un sistema de interdependencias estratégicas donde energía, tecnología y comercio se encuentran estrechamente conectados.

Lo que aparece en los titulares como caos geopolítico es en realidad, la manifestación de un equilibrio cuidadosamente gestionado entre grandes actores. Un equilibrio en el que cada potencia intenta asegurar su espacio de influencia mientras el sistema global se reorganiza lentamente alrededor de los centros de poder.