By El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) condenó la alarmante muerte violenta de mujeres en Honduras, instando a las autoridades a detener lo que ha descrito como una “barbarie” en el país.
Desde la implementación del estado de excepción en diciembre de 2022, se han reportado al menos 680 muertes violentas de mujeres, lo que equivale a una víctima cada 26 horas. En sólo los primeros días de enero de 2024, ya se han contabilizado al menos una docena de nuevos casos, además de tres intentos de femicidio, lo que intensifica la preocupación sobre la seguridad de las mujeres.
Aurora Rueda, coordinadora de la Defensoría de la Mujer del CONADEH, exigió a las autoridades establecer mecanismos efectivos para garantizar el derecho a la vida.
Rueda subrayó que el Estado hondureño tiene la responsabilidad ineludible de asegurar a las mujeres una vida libre de violencia. En este contexto, hizo un llamado urgente para implementar medidas preventivas y atender los casos de violencia antes de que ocurran tragedias irreparables.
IMPUNIDAD PERPETUA LA VIOLENCIA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en reiteradas ocasiones ha enfatizado la obligación del Estado hondureño de actuar con diligencia en las investigaciones para reducir estos altos índices de impunidad, que niegan a las familias el derecho a conocer la verdad sobre las muertes de las víctimas.
En ese sentido, Aurora Rueda, destacó la crítica situación de impunidad en el país, donde alrededor del 95% de los casos relacionados con violencia contra la mujer quedan sin resolver.
Rueda enfatizó la necesidad urgente de políticas públicas que prevengan la violencia contra las mujeres. Mencionó, además, la importancia de proyectos legislativos como la Ley Integral Contra las Violencias hacia las Mujeres, que busca ofrecer protección y reconocer diversas formas de violencia, pero que hasta el momento no ha sido aprobada en el Congreso Nacional.
Por otro lado, la necesidad de más casas refugio para mujeres víctimas de violencia, se vuelve urgente, ya que actualmente sólo hay ocho en todo el país, cuando debería haber al menos una en cada departamento, según se estipula en la normativa.
Ante este panorama de desprotección y violencia homicida hacia las mujeres, Rueda instó a las autoridades hondureñas a acelerar la aprobación y ejecución de leyes que fortalezcan el sistema judicial y mejoren la coordinación entre los operadores de justicia para combatir eficazmente los delitos contra la vida y reducir el nivel alarmante de impunidad en Honduras.
La situación actual exige una respuesta contundente y efectiva por parte del Estado para proteger los derechos humanos y garantizar un entorno seguro para todas las mujeres.
EL FEMINICIDIO DEBE SER UNA PRIORIDAD EN LA AGENDA POLÍTICA
Honduras se posiciona como uno de los países con las tasas más altas de femicidios en América Latina, con seis feminicidios por cada 100,000 mujeres. Esta violencia está arraigada en patrones culturales de machismo y misoginia, exacerbados por la impunidad y la falta de recursos para combatir estos crímenes.
En ese sentido, Merly Eguigure, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, quien considera que es crucial que se declare una emergencia nacional para abordar este problema endémico y se asignen recursos adecuados para proteger a las mujeres, señaló que «la lucha contra el feminicidio debe ser una prioridad en la agenda política».
Bajo este contexto, la feminista hizo un llamado a todos los actores sociales para asumir su parte para buscar medidas y contrarrestar la violencia de género, que en muchas ocasiones termina en femicidios y muertes violentas de mujeres, enfatizando que «no es sólo un problema (muertes violentas y femicidios) del movimiento feminista; es un problema del país entero».
Según datos del Conadeh, entre 2002 y principios de 2025, aproximadamente 8,200 mujeres han perdido la vida de manera violenta en Honduras, lo que equivale a un promedio de una víctima diaria. Esta alarmante cifra no sólo refleja la gravedad de la violencia de género en el país, sino que también pone de manifiesto la ineficacia de las medidas implementadas para proteger a las mujeres y prevenir estos crímenes.
