By CORTESÍA NOTICIAS 24/7 HN
Un grupo de agentes extranjeros, escuadrón canino y la Policía Militar de Orden Público (PMOP), ingreso la noche de este domingo a la vivienda del exsecretario de Gobernación y Justicia en el gobierno de Juan Orlando Hernández, Leonel Ayala, ubicada en la residencial Casa Maya en San Pedro Sula.
Ayala enfrenta un requerimiento fiscal por acusaciones de corrupción, sin embargo, el operativo montado el miércoles 27 y el jueves 28 de noviembre, no estaría relacionado con la acción presentada previamente por el Ministerio Público.
El despliegue policial incluyó a agentes de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), escuadrones caninos y tres agentes extranjeros descritos como corpulentos, altos y de tez blanca.
Se especula que los tres agentes que ingresaron a la residencial en mención, y estuvieron una buena cantidad de horas en la casa de Ayala, son de la DEA pero esta parte aún no se confirma.
El hermetismo alrededor de la operación genera especulaciones sobre si habrá investigaciones o acusaciones en contra de el exfuncionario, quien permanece prófugo de la justicia.
En el operativo no se detuvo a nadie de la casa de Ayala, lo único que dejó fue la tensión y los nervios entre los vecinos que se preguntaban qué está pasando al ver que las horas transcurrían y no salían los siete vehículos del vecindario.
Hasta el momento, nadie de la familia de Ayala se ha pronunciado al respecto, ni han denunciado ningún abuso, por lo que podría terminar en un operativo de rutina en busca de donde se ubica el exministro.
El pasado 13 de agosto de 2024, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó un requerimiento fiscal contra Ayala por el delito de estafa a titular de autor. El caso involucra la supuesta compra fraudulenta de siete camiones para el Cuerpo de Bomberos, por un monto de l.81,01,658.28.
La acusación señala que Ayala, junto a sus asesores Guilfredo Cerrato Santos y Héctor Martín Cerrato Velázquez, gestionaron la adquisición directa con la empresa israelí B Safe Security, la cual no estaba registrada legalmente en el país. Además, presionaron para realizar las transferencias de fondos desde las alcaldías de Tegucigalpa y San Pedro Sula, poniendo en riesgo los recursos del Estado.
El resultado fue la adquisición de vehículos inadecuados para su propósito con problemas de peso, tamaño y maniobrabilidad, lo que afectó gravemente la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos.
Tras el requerimiento fiscal, Ayala fue declarado prófugo y se emitió una alerta roja internacional a través de Interpol para logar su captura. Hasta la fecha, el exministro no ha sido ubicado y el operativo reciente en su residencia añade un nuevo capítulo de incertidumbre a este caso de alto perfil.
