Designan juez para caso de diputados nacionalistas acusados por “pacto de impunidad”

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El CN aprobó un “pacto de impunidad” que podría dejar sin efecto investigaciones de casos de corrupción como el del IHSS, de la exprimera dama Rosa Elena de Lobo y favoreció a la “Red de Diputados”.

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), designó a Rafael Bustillo como juez de Letras en el proceso instruido contra los dos diputados nacionalistas Tomás Zambrano y Román Villeda.

El Pleno también nombró como Corte de Apelaciones a Wilfredo Méndez (presidente), Rolando Argueta y Edgardo Cáceres.

El caso “pacto de impunidad” 

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), dio a conocer este jueves  el caso “pacto de impunidad”, por presuntas conductas delictivas para violentar la voluntad del pleno del Congreso Nacional, y favorecer a diputados procesados por mal manejo de fondos públicos.

En ese sentido, la Misión enviada a Honduras por la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado donde pide a la Fiscalía emitir un requerimiento contra los diputados Román Villeda Aguilar y José Tomás Zambrano Molina por falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de Gobierno.  

La reforma designa la auditoría de los recursos entregados a los diputados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por un período de tres años contados a partir de la publicación de la misma, y extiende el proceso de liquidación “retroactivamente” a los períodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018, señaló Jiménez.

Cabe recordar que el Legislativo el pasado 20 de enero del presente año aprobó reformas a la Ley Orgánica de Presupuesto con 69 votos a favor, 11 abstenciones y 2 en contra.

En su momento, la MACCIH presentó cómo fue que modificaron la reforma para proteger a los implicados en desvío de fondos del Estado.

Jímenez Mayor, dio a conocer que al tener acceso a los videos del Congreso se determinó que todos los diputados no están involucrados en este “pacto de impunidad” y que se debe proceder legalmente contra quiénes hicieron la modificación al texto original. 

La disposición señala que mientras el TSC realice la auditoría e investigación especial “no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea esta administrativa, civil o penal”.

El Congreso aseguró en un comunicado que “lejos de generar impunidad”, la modificación “promueve la transparencia ya que pide que se investiguen todos los movimientos de recursos destinados a proyectos comunitarios y ayudas sociales”.

Pero Jiménez sostuvo que la reforma es “extremadamente grave”, “afecta a la labor de la misión” y da lugar “una posible excarcelación de personas condenadas en el caso del Seguro Social, como Mario Zelaya y su organización criminal”. Además de otros casos como el de la ex primera dama Rosa Elena de Lobo y al menos cinco diputados por desvío de fondos que asciende a más de 60 millones de dólares.

La investigación abarca a 60 diputados y exdiputados, incluyendo al presidente del Congreso Mauricio Oliva, así como a altos funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de más de 30 oenegés que quedarían en “impunes” si se mantiene la reforma.

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