Acusan a exconsejales por más de 600 delitos

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TEGUCIGALPA. Según la Fiscalía Especial para el Enjuicia­miento de Funcionarios y Servido­res del Sector Justicia (FEEFS-SJ), los miembros del desaparecido Consejo de la Judicatura se inven­taban giras de trabajo que nunca realizaron, por lo que en concep­to de viáticos lograron desviar 13.5 millones de lempiras.

“Se trata de una acusación cri­minal por más de 600 delitos de co­rrupción relacionados al manejo irregular de fondos públicos, espe­cíficamente en lo que corresponde a la solicitud, tramitación y asigna­ción de viáticos”, según un comu­nicado del Ministerio Público.

Los imputados son el expresi­dente del Consejo de la Judicatu­ra y Carrera Judicial y a la vez ex­presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés; Teodoro Bonilla Euceda, quien primero fue vicepresidente y lue­go titular del Consejo; además de los abogados Julio César Barahona Henríquez, José Francisco Quiroz Mejía, Liliam Emelina Maldonado Sierra y Celino Arístides Aguilera .

“De acuerdo a las investiga­ciones de los Fiscales de Enjui­ciamiento de Funcionarios y los Agentes de la ATIC (Agencia Téc­nica de Investigación Criminal), los hoy acusados tramitaban viá­ticos para acudir a supuestas giras de trabajo tanto al interior del país como al extranjero, determinándo­se que en 576 ocasiones los mismos no realizaron los viajes y tampoco devolvieron el dinero de gastos de viáticos”.

El exceso fue tal en la progra­mación de viáticos que en el 2015, de las 52 semanas del año, calen­darizaron viajes en 46 de ellas, in­cluyendo días feriados, en vacacio­nes y días inhábiles, como fines de semana.

El MP informó que “la investi­gación de la FEEFS-SJ y la ATIC comenzó a partir de un informe ge­neral elaborado por la Mesa Téc­nica de Verificación de Actuacio­nes del Poder Judicial, el cuál sirvió de insumo inicial para orientar una serie de diligencias investigativas en las cuales se profundizó duran­te dos años”.

En ese periodo lograron reco­lectar “pruebas técnico-científica, capaz de acreditar la plena partici­pación de los hoy imputados en los conductas ilícitas que se les atri­buyen”,

Agregan que “de esta manera, el Ministerio Público judicializa un caso de corrupción de alto impac­to, haciendo las peticiones de Ley ante el órgano jurisdiccional com­petente, para que este cite a los in­volucrados, con miras a que la cau­sa se traduzca en condenas y pe­nas ejemplares en contra de los en­causados”.

RENUNCIA

En marzo de 2016 los conseja­les, con excepción de Rivera Avi­lés, presentaron su renuncia, lue­go de que trascendiera el informe de la Mesa Técnica. Ese informe reveló que los funcionarios reali­zaron contrataciones irregulares, asignaciones de viáticos de ma­nera desproporcionada, pago de prestaciones prohibidas por la ley, aumentos salariales arbitrarios y otras anomalías.

La renuncia la presentaron por­que al darse a conocer el informe algunos diputados presentaron una solicitud para hacerles un jui­cio político. Al ceder sus cargos, lo evitaron, pero quedó la alternativa de un requerimiento fiscal por par­te de la FEEFS-SJ, que es lo sucedi­do actualmente.

El Consejo de la Judicatura fue creado el 28 de diciembre de 2011, pero tras varias polémicas se de­cidió su disolución en marzo de 2016.

JORGE RIVERA AVILÉS

Fue presidente de la Corte del 2008 al 2016 y presidente del Consejo de la Judicatura. Lo acusan de 131 delitos de  abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales.

 Teodoro Bonilla condenado a 6 años

El 11 de septiembre de 2017 fue condenado a 6 años de reclusión el abogado Teo­doro Bonilla, el último presi­dente del Consejo de la Judi­catura, por el delito de tráfi­co de influencias.

La pena incluyó una multa por 200,000 lempiras.

El delito se deriva luego que él intercediera ante una jueza y una magistrada por dos parientes suyos. Dennys Donadyn Bonilla García fue acusado por almacenamien­to ilegal de armas y municio­nes comerciales y almace­namiento de armas prohibi­das; y Carlos Roberto Bonilla, acusado de lavado de activos y almacenamiento de armas prohibidas y municiones, en un caso conocido como Sha­lom.

En el caso, y por influen­cias del abogado, la juez Liz María Núñez Cardona (ac­tualmente presa) resolvió sobreseer provisionalmente a Carlos Roberto Bonilla por lavado de activos; y determi­nó ir a juicio oral solo por po­sesión ilegal de armas de uso prohibido.

En el caso el MP también involucra a la magistrada Delmy Elizabeth López Paz, contra quien hay un antejui­cio pendiente de realización.

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